El gobierno afirma que para poder excarcelar a presos muy enfermos la “razonable certeza de fallecimiento del interno” debe situarse en un plazo inferior a los dos meses de vida. Así figura en una respuesta por escrito enviada por el gobierno al senador de EHBildu Jon Iñarritu, que hizo pública ayer domingo.
Iñarritu había preguntado al gobierno por una instrucción de Instituciones Penitenciarias de febrero, en la que se fijaba que los internos enfermos —todos, sin referencias explícitas a los presos políticoss— sólo podrían ser excarcelados “si su fallecimiento se prevé con razonable certeza a muy corto plazo, o bien si cumplen los requisitos para acceder al tercer grado o la libertad condicional”.
El senador pidió al gobierno que se precisara esta instrucción, y el ejecutivo, en una respuesta enviada esta pasada semana, ha explicado que la instrucción trata de adaptarse a la nueva regulación del Código penal, que fija que “aquellos penados cuya enfermedad sea un peligro patente para su vida salgan de la cárcel de forma inmediata, a través de una decisión judicial adoptada a la vista de los informes médicos”.
Para adaptarse al Código, el gobierno ha fijado que “en el supuesto de penados en los que la enfermedad o la avanzada edad constituya un peligro patente para la vida, bastarían los informes médicos correspondientes y una valoración de la falta de peligrosidad”, además de la autorización judicial.
A continuación precisa que “cabe indicar que existe peligro patente para la vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es de un plazo inferior a los dos meses”.
El gobierno también recuerda en su respuesta que “las circunstancias de cada penado se tratan, en todo momento, de forma individualizada” y que los criterios que se aplican a los enfermos se basan en certificados médicos, y “en ningún caso, en criterios subjetivos”.
Tras recibir la respuesta, el senador de EHBildu ha criticado la fijación de un plazo de dos meses de vida calificándolo de “sadismo”. Es cierto, pero hay algo más. Lo que el gobierno ordena es ilegal ya que la ley pentenciaria le obliga a excarcelar a todo aquel preso que padezca enfermedades “graves e incurables”.
