A mediados de los años 90, tras el primer atentado de Al-Qaeda contra el World Trade Center, George Bush autorizó la creación de una célula especial de la CIA para capturar o matar a Osama bin Laden.
Esa unidad de la CIA realizó unos pocos secuestros con escasos resultados, pero no sería hasta después de los atentados del 11-S, en 2001, cuando esas acciones clandestinas en el exterior se transformaran en una amplísima operación encubierta.
La CIA diseñó un programa de secuestros en numerosos países, incluidos países europeos, en la mayoría de los casos con complicidad de los Gobiernos locales.
Para ello, la agencia estadounidense utilizó una flota de aviones civiles camuflados que hicieron más de 1.000 escalas en aeropuertos europeos, para poder transportar a personas secuestradas hasta la prisión de Guantánamo, a barcos de guerra o a prisiones secretas en países aliados.
A pesar de que hubo investigaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo que confirmaron esas escalas de los aviones de la CIA, nadie asumió ninguna responsabilidad política por la complicidad con esas prácticas violatorias de los derechos humanos y la soberanía de los países europeos.
Ninguno de esos Gobiernos aceptó tampoco tramitar los pedidos de extradición de los agentes de la CIA que pudieron ser identificados y reclamados por los tribunales de Italia, Alemania y España.
