El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que el dinero depositado en fondos de pensión y bloqueado por la Justicia lo obtuvo en conferencias que impartió dentro y fuera del país.
“Entre 2011 y 2014, después de dejar la Presidencia y dejar de ser funcionario público, Lula realizó 72 conferencias para 45 instituciones y empresas de diversos sectores económicos, nacionales y extranjeros”, refiere un comunicado.
Al culminar su período, el líder político decidió destinar parte de los recursos obtenidos en las charlas a un fondo de pensión privado de cerca de siete millones de reales (unos 2,2 millones de dólares) y cuyos beneficiarios son sus hijos.
“Otro plan, también bloqueado por valor de 1,8 millones de reales (unos 600.000 dólares), tenía como beneficiaria la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida este año”, añadió en la nota.
Nota oficial do PT sobre bloqueio dos bens de Lula https://t.co/qxxtMEY4Au pic.twitter.com/qREqiMcNWN
— Lula (@LulaOficial) July 19, 2017
Los mencionados fondos de pensión fueron bloqueados el pasado jueves por el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia, para “garantizar” recursos de eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.
El ex jefe de Estado explicó que dictó charlas para “Microsoft, Iberdrola, Telmex, Nestlé y Bank of América”, además de otras en el Museo de Historia Natural de Londres, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington y también para “grandes bancos y constructoras” en Brasil.
“La realización de cada una de las conferencias fue comprobada al Ministerio Público Federal por medio de fotos, vídeos y registros de la prensa”, enfatizó.
Lula fue condenado en primera instancia el 12 de julio por los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, que según Moro, se benefició de la trama corrupta de desvío de fondos millonarios de la estatal Petrobras.
Lula sostiene que es inocente y víctima de una persecución política y judicial que tendría como objetivo impedir que se postule nuevamente a las Presidenciales de 2018.
