Amnistía Internacional ha proporcionado nuevas pruebas que indicarían la ejecución de una campaña de tierra quemada a gran escala en Rakáin, el principal estado donde habitan de manera compacta los rohinyás, una minoría étnica musulmana de Birmania.
“Las pruebas son irrefutables: las fuerzas de seguridad birmanas provocan incendios en el estado septentrional de Rakáin en el marco de una campaña enfocada a expulsar a los rohinyás de Birmania. No se equivoquen: es una limpieza étnica”, afirmó Tirana Hassan, de Amnistía Internacional.
En total 80 localidades han sido incendiadas desde el 24 de agosto, informa la organización. La representante de Amnistía Internacional enfatiza que la destrucción de viviendas fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad y grupos de vigilantes, y desmiente al Gobierno birmano, que trata de responsabilizar a la propia población rohinyá.
Algunas de las imágenes que acompañan el informe muestran fuentes de calor visibles a través de las nubes y el humo.
Verificar la magnitud de la destrucción no es posible debido a que el Gobierno limita el acceso a la zona, explica Hassan, que añade que dentro de unos días el problema será discutido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También Human Rights Watch publica imágenes que corroboran las pruebas presentadas en el informe de Amnistía Internacional.
Damning @HRW satellite evidence shows burning #Rohingya civilians out of their homes is ongoing+UN action needed: https://t.co/fIiwDUyRqI pic.twitter.com/h9XQqwC5gn
— Minky Worden (@MinkysHighjinks) September 2, 2017
Los rohinyás son una etnia musulmana perseguida en Birmania, un país del sudeste asiático mayoritariamente budista. A pesar de que su población supera el millón, la legislación estatal les niega la ciudadanía. El pasado 25 de agosto el Gobierno empezó una campaña militar después de que insurgentes rohinyás atacaran a decenas de policías y puestos paramilitares. Desde entonces alrededor de 300.000 refugiados de esta etnia han huido a la vecina Bangladés, mientras que los supervivientes habrían sido objeto de una campaña de persecución y violencia con el objetivo de expulsarlos del país. Sin embargo, el Gobierno birmano ha negado reiteradamente las acusaciones de persecución contra los rohinyás.
