martes, julio 7, 2020

Absuelven de delito contra los trabajadores a la empresa de Oviedo en la que murió un empleado sin papeles

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La Magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo condena a los trabajadores de Cubo Express a seis meses de cárcel por falsedad documental pero los absuelve del delito contra el derecho de los trabajadores

Por Maica Méndez – eldiario.es

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez, ha condenado a los tres imputados de la empresa de recogida de basura de la capital asturiana Cubo Express a seis meses menos un día de prisión por un delito de falsedad documental, a inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dicho período, y seis meses menos un día de multa a razón de tres euros la cuota diaria. Tienen además la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Quedan absueltos del delito contra los derechos de los trabajadores por el que Fiscalía del Principado y la acusación particular solicitaban más de tres años de cárcel para cada uno de ellos. Contra el fallo cabe interponer recurso de apelación para su resolución por la Audiencia Provincial dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia.

>Los hechos se remontan a 2007, tras el fallecimiento del senegalés Mandaw Diagne, empleado de la empresa. Estuvo año y medio en coma tras sufrir una caída del camión, durante el turno de trabajo, y finalmente falleció en el hospital. A la hora de proceder con los trámites de identificación, un familiar denunció que portaba un nombre falso y los trámites para repatriar el cadáver se convirtieron en un laberinto.

Fue entonces cuando se destapó la situación en la que se encontraban algunos de estos trabajadores, de nacionalidad senegalesa. En aquel entonces, la empresa Cubo Express ya fue multada con 66.000 euros por la situación irregular de algunos de sus trabajadores.

Durante el juicio, la Fiscalía se basó en que los tres acusados, Francisco Javier García Álvarez, Antonio Fernández Menéndez y Santiago José Onega Abeijó, empleaban a personas extranjeras «a sabiendas de su situación irregular por carecer de permiso de estancia, residencia y trabajo, y abusaron de la misma imponiéndoles condiciones de trabajo duras, no abonándoles la totalidad de las horas trabajadas, sin vacaciones, posibilidad de ponerse enfermos».

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