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El Gobierno de español no está dispuesto a negociar la puesta en marcha de un referéndum pactado y cuyo resultado sea vinculante; lo viene diciendo desde siempre y, a día de hoy, mantiene su postura inamovible. Dice que sólo se sentarán a hablar respetando la legalidad española, que es lo mismo que decir no al referéndum.

Como se sabe, Puigdemónt declaró la República de Catalunya pero, acto seguido, la suspendió en aras de favorecer un diálogo con el Gobierno. Esto no ha sucedido y, según parece, no va a suceder.

Desde el primer momento de su confusa maniobra, la CUP estuvo en desacuerdo con ella, además criticó con contundencia el cambio de guión realizado a última hora.

Pero han pasado unos pocos días y, entre el movimiento independentista ya no es sólo la formación anticapitalista quien pide al President la activación de la Declaración firmada por 72 diputados. Ahora también lo hace la Assemblea Nacional Catalana —ANC—. El secretariado de ésta se reunió en el día de ayer y decidió instar al Parlament a levantar la suspensión de la Declaración de Independencia. Y ha basado su decisión en “la negativa de España a cualquier propuesta de diálogo”. De modo que piden a Puigdemont y al Govern que implementen “la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”.

Òmnium pidió el miércoles a Puigdemont un plazo “razonable” para hacer efectiva la mediación y, si eso no prospera, “declarar definitivamente la independencia”.

Por su parte, sectores de ERC también están presionando en la misma dirección. Estos argumentan que no han llegado hasta aquí para bajarse del tren a última hora, y opinan que se deben asumir todas las consecuencias.

De esta formación, Dolors Bassa, consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familiares, propone que se envíe a Rajoy la Declaración de Independencia que firmaron los 72 diputados.

Siguiendo la misma línea, Gabriel Rufián escribió ayer en Twitter: “Lo único que sé es que nos debemos a quienes pusieron el cuerpo y el corazón por esto en la calle. Hasta el final”.

No falta mucho tiempo para conocer la decisión que finalmente adopte Puigdemont; el plazo dado por el Gobierno de Rajoy concluye el próximo lunes.

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