La educación pública en Catalunya arrastra, desde hace años, los efectos de las políticas antiobreras impulsadas por los diferentes gobiernos de la Generalitat. Uno de los momentos cruciales fue el periodo de la crisis económica de las subprime, especialmente entre 2010 y 2014, cuando se aplicaron recortes que afectaron de forma directa a los recursos destinados a la enseñanza pública. Durante esos años, el presupuesto educativo se redujo de manera considerable y la inversión por alumno cayó de forma sostenida, deteriorando las condiciones materiales en las que se desarrolla el proceso educativo. Por todo esto los docentes llevan desde hace varios días en huelga, luchando y llegando a paralizar Barcelona.
Aunque algunos oportunistas señalan que en los últimos años los presupuestos han aumentado, esto no significa que el sistema educativo haya recuperado los niveles de financiación necesarios para garantizar una enseñanza pública de calidad. La inversión educativa sigue situándose por debajo de las necesidades reales de la clase obrera, las ratios continúan siendo elevadas, la red concertada mantiene una posición privilegiada gracias a la transferencia constante de recursos públicos hacia la educación privada – fundamentalmente en manos de la Iglesia Católica – y las sucesivas reformas curriculares han añadido nuevas contradicciones a un sistema ya profundamente perjudicado.
Desde una perspectiva materialista, la crisis en la educación pública no puede entenderse como un problema aislado ni como el resultado de errores técnicos de gestión. La Escuela forma parte de la superestructura social y está estrechamente vinculada a las necesidades de reproducción del modo de producción capitalista. Históricamente, la expansión de los sistemas públicos de enseñanza respondió a la necesidad de formar una fuerza de trabajo formada, disciplinada y capaz de responder a las exigencias de la producción industrial. Sin embargo, las transformaciones recientes del capitalismo están modificando estas necesidades. Con la creciente automatización de los procesos productivos y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, se ha reducido la necesidad de amplios sectores de trabajadores altamente cualificados. Mientras una minoría de especialistas concentra funciones técnicas y de dirección, una parte cada vez mayor de la clase obrera es empujada hacia empleos precarios, fragmentados y sometidos a una fuerte degradación de las condiciones laborales. En este contexto, el capital tiene cada vez menos interés en garantizar una formación amplia, crítica y universal para el conjunto de la población. Además, la no cualificación de los obreros reduce los salarios y aumenta por ahí la cuota de ganancia de los capitalistas que son dueños de los medios de producción.
Por ello, el deterioro de la educación pública no debe interpretarse únicamente como una consecuencia de las políticas de austeridad. Constituye también una expresión de las nuevas necesidades de la acumulación del capital. Una población con elevados niveles de formación crítica, capacidad de organización y acceso generalizado al conocimiento representa una potencial amenaza para un sistema basado en la explotación y la desigualdad. En cambio, una enseñanza pública empobrecida, orientada a competencias superficiales y subordinada a las demandas inmediatas del mercado favorece la reproducción del orden explotador existente. Las grandes empresas tecnológicas penetran en las aulas, los servicios educativos se externalizan, la investigación queda cada vez más subordinada a intereses empresariales y el conocimiento deja de concebirse como un bien común para convertirse en una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado. El objetivo estratégico de este proceso es avanzar hacia la privatización progresiva del conocimiento. Del mismo modo que se privatizan servicios públicos esenciales, se pretende convertir el acceso al saber en un privilegio de clase. Las élites económicas continúan garantizando para sus hijos una formación de alto nivel en centros privados o de prestigio, mientras la escuela pública se ve empujada hacia una función cada vez más asistencial, destinada a gestionar las consecuencias sociales de la desigualdad sin cuestionar sus causas estructurales.
La contradicción resulta evidente. Mientras pedagogos como Vygotsky defendían que el desarrollo intelectual de las personas depende de las condiciones sociales y materiales en las que viven, las administraciones educativas pretenden aplicar discursos sobre inclusión, equidad y atención a la diversidad sin proporcionar los recursos necesarios para hacerlo posible. Se exige a docentes y centros que compensen desigualdades cuya raíz se encuentra en el propio funcionamiento del sistema capitalista. Por ello, la defensa de la educación pública no puede limitarse a la reivindicación de mayores presupuestos o mejores condiciones laborales, aunque ambas sean imprescindibles. Debe formar parte de una lucha más amplia contra la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social. Por eso, la defensa de la educación está inseparablemente ligada a la lucha por superar las relaciones de producción capitalistas que generan explotación, desigualdad y alienación.
La degradación de la enseñanza, la mercantilización del conocimiento y la creciente subordinación de la educación a los intereses del capital son manifestaciones de una misma realidad, la contradicción entre las necesidades de la clase obrera, que somos la inmensa mayoría, y los intereses de una minoría parasitaria que posee y controla los medios de producción.
Por ello, la lucha por una educación verdaderamente pública, científica, gratuita y al servicio de la clase obrera está inseparablemente unida a la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Solo una sociedad socialista, en la que los medios de producción estén bajo control colectivo y la economía se organice en función de las necesidades sociales y no del beneficio privado, puede garantizar que el conocimiento deje de ser una mercancía y se convierta en un patrimonio común accesible para todos.
Frente a quienes pretenden convertir la educación en un negocio, es necesario fortalecer la organización y la lucha de la clase obrera en todos los frentes. La juventud estudiantil, el profesorado y el conjunto de nuestra clase comparten un mismo interés objetivo, poner fin a un sistema que sacrifica el desarrollo humano en beneficio de la acumulación de capital. En esta tarea, el trabajo de los comunistas resulta fundamental.
El Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) se solidariza y apoya con la lucha de los docentes y les recuerda la necesidad de construir la unidad de la clase obrera y organizar la lucha contra todas las formas de explotación y dominación capitalista. La defensa de la educación pública forma parte de esa lucha general por la emancipación de la clase obrera y por la construcción de una sociedad socialista en la que la ciencia, la cultura y el conocimiento estén al servicio del pueblo y no de los monopolios. Porque la educación no debe servir para formar mano de obra dócil para las empresas, sino para desarrollar plenamente las capacidades humanas y contribuir a la construcción consciente de una sociedad sin explotadores ni explotados. Defender la educación pública es defender el futuro de la clase obrera. Defender el socialismo es defender las condiciones materiales que harán posible una educación verdaderamente universal, igualitaria y emancipadora.
COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)
