En Cataluña han seguido las muestras de solidaridad y apoyo a la mitad del Gobierno de la Generalitat encarcelado y acusado por rebelión y sedición.
El clamor popular continúa en las calles de Cataluña contra la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a siete consejeros más por un supuesto delito de rebelión, sedición y malversación.
La sociedad catalana soberanista, decepcionada con la no intervención de Europa, ha gritado a favor de la libertad de los presos de la República catalana y del Gobierno de Carles Puigdemont, el único que consideran legítimo.
Distintos sindicatos han anunciado huelga general para el 8 de noviembre y las principales organizaciones sociales independentistas se han adherido al paro de país.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, cuyos presidentes seguirán más tiempo en prisión, también por decisión de la juez, han anunciado movilizaciones permanentes que culminarán en una manifestación masiva el 11 de noviembre.
El municipalismo también ha exigido la libertad inmediata de lo que consideran presos políticos y además de reconocer sólo la legitimidad del Ejecutivo cesado de la Generalitat, y del Parlamento ha anunciado un viaje a Bruselas, capital belga, para denunciar la vulneración de derechos ante las autoridades europeas.
De cara a las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, las diferentes formaciones soberanistas siguen trabajando para intentar vertebrar una unidad de acción contra la represión y a favor de la amnistía de las persones encarceladas.
El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), partido de Puigdemont y otros líderes como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han expresado a favor de frentes comunes, pero veremos cómo se acaba concretando.
Oriol Puig, Barcelona.
