¿No basta la rebelión? ¡Añada la corrupción!

La jueza Lamela mintió a Bélgica para conseguir la extradición

La incompetente y fascista jueza al servicio de la monarquía y la mafia corrupta del PP Carmen Lamela mintió a Bélgica afirmando sin ninguna prueba que Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas son corruptos. La magistrada colocada por el fascio en la Audiencia Nacional se jugó a esa carta el razonamiento fundamental de las órdenes europeas de detención, con las que pretendía la extradición efectiva y exprés de los cinco políticos catalanes. Este trámite entre países de la Unión Europea se resuelve de manera inmediata si los delitos por los que se reclama detenciones figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que la lacaya Lamela no dudó en marcar con una equis otra casilla en el formulario: “corrupción”.

En el relato enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Lamela habla de cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en sus autos de prisión, la misma magistrada solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Entre la orden de cárcel y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera inexplicable.

El detallado listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por la propia Carmen Lamela en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión “absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.

Según ese escrito “el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos”.

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