El pasado día 27 de diciembre dos concejales de Reus por la CUP, Marta Llorens y Oriol Ciurana, fueron detenidos por el presunto delito de incitación al odio tras una denuncia realizada por la Policía Nacional por una manifestación ante el hotel donde se hospedaban algunos agentes policiales el pasado 3 de octubre.
Justo el día después de las elecciones catalanas, a las 12 horas de cerrarse los colegios electorales, el Tribunal Supremo ampliaba la causa general abierta contra el independentismo catalán a dirigentes políticos de ERC, PdeCAT y la CUP. También la Fiscalía de Barcelona ha citado a declarar a primeros de enero a 12 profesores y al director del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca acusándolos de presuntos delitos de odio.
Según reproducen los medios de comunicación de la burguesía, con respecto a la causa general al independentismo catalán, por ejemplo el Confidencial el pasado día 26 de diciembre, “el ritmo del Supremo es trepidante (…) El magistrado mete el acelerador para cumplir con sus previsiones de cerrar la causa en el menor tiempo posible y celebrar juicio a un año vista (…) enero servirá para coger carrerilla de cara a un cierre de la instrucción en primavera”. Exponiendo también el motivo de tamaña celeridad “Con la formación de un Gobierno ya en marcha que cuenta con 19 de sus miembros imputados por rebelión, tres de ellos encarcelados y cinco en el exilio de Bruselas, Llarena entiende que es necesaria máxima celeridad. Será la sentencia definitiva la que marque el futuro no solo de los afectados sino también del nuevo Govern. A las previsibles penas de prisión irán aparejadas inhabilitaciones a largo plazo por lo que el panorama de la Generalitat cambiará en unos meses.”
Contrasta esta velocidad del Tribunal Supremo, a la hora de defender los intereses del Capital y su Estado – del que forma parte -, con el paso de tortuga que la Judicatura emplea para resolver los despidos de millones de trabajadores que, por norma general, tarda 5 años en dictar una sentencia firme por un despido; por no hablar por el tiempo eterno que tarda en sentenciar la corrupción del Partido Popular o de algún miembro de la Corona y sus trapicheos y devaneos con la corrupción del PP en Baleares y Valencia. Pero es que la Justicia, bajo el Capitalismo, no sólo goza de una gran visión sino que su función es otorgar impunidad a la burguesía, a los monopolios, y reprimir a todo aquél que cuestione la dictadura del capital.
La explicación a esta celeridad bien la daba la Vicepresidenta del Gobierno español en el acto electoral celebrado en Girona en la campaña de las elecciones catalanas cuando con tanta impunidad, como desvergüenza, crecida ante los suyos, señalaba “¿Quién está mandando a la liquidación al independentismo catalán? Mariano Rajoy y el Partido Popular ¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC, Junts Per Catalunya y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular”, no dejando lugar a dudas no sólo de que se tratan de presos políticos, sino que la separación de poderes de la que tan hipócritamente hablan los demócratas de hoy, que son los franquistas de toda la vida, es una mera entelequia, y la vicepresidenta del Gobierno más corrupto de Europa lo ha dejado claro. Y es que el Estado, con sus tres Poderes – legislativo, ejecutivo y judicial – títeres de los monopolios, es el instrumento de opresión a través del que éstos imponen su dictadura, su hegemonía política esencial para perpetuar la explotación capitalista, para perpetuar el robo, la violencia y la desigualdad.
Esto se está viendo con una claridad meridiana en Cataluña. El Gobierno utiliza al Poder Judicial para reprimir políticamente al independentismo, pero también para no acatar el resultado electoral del 21 de diciembre, tal y como han expresado varios dirigentes del PP, como el fascista Pablo Casado amparándose en la situación de diputados electos de Junts Per Catalunya y ERC presos y en el exilio para ganar por la vía de la Represión del Estado lo que no han conseguido en las urnas.
La alianza entre fascistas y oportunistas -en el campo del oportunismo destaca especialmente el rol de mamporrero que adoptó el PCE avalando la Transición y sirviendo después de cantera de cuadros políticos a todos los partidos que han ido turnándose el Gobierno en esta farsa de parlamentarismo burgués que no es sino la gestión descarada de los intereses del capital financiero- para perpetuar el capitalismo tardofranquista bajo una máscara democrática a golpe de terrorismo de Estado, corrupción y explotación en lo que se ha llamado el Régimen del 78, con la última cresta de la crisis del capitalismo monopolista iniciada en el final de la primera legislatura de Zapatero, se halla en bancarrota por ello no tiene más salida que apostarlo todo a la reacción, a la represión en todos los ámbitos de la vida social y económica.
El Gobierno corrupto de Rajoy, desde su victoria por mayoría absoluta en noviembre de 2011, a lo largo de la legislatura 2011-2015, siguió el camino marcado por el también reaccionario gobierno de Zapatero – baste recordar la militarización en la huelga de los controladores aéreos en diciembre de 2010 o la Reforma Laboral de ese mismo año -, realizó diversas leyes que, en su conjunto, han instalado por completo en la reacción política. Es lógico, el desarrollo del capitalismo putrefacto conduce a la reacción política. La Reforma Laboral, permitiendo el descuelgue de los convenios colectivos por parte de los empresarios, anula de hecho la negociación colectiva, la ilegaliza. Con la Ley Mordaza y la Ley de la Seguridad Privada el Estado se dota de instrumentos para agudizar la represión política y sindical. Y todo ello lo ha hecho el Gobierno reaccionario y corrupto de Rajoy para, ante el inevitable estallido social que se ha de producir, como consecuencia de la depauperación de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora y del cada vez mayor recorte de libertades, siendo hoy España un estado antidemocrático instalado en la reacción absoluta.
La violencia de clase ejercida por la burguesía es descomunal, como bien lo atestigua la realidad de los centros de trabajo, con un clase empresarial criminal que no sólo explota inmisericordemente a los obreros, sino que el Gobierno que tiene a su servicio le ha dotado de un marco legal donde los obreros no tienen derecho alguno. Los juzgados de lo social son un ejemplo de atropellos permanentes contra los derechos a los trabajadores, entregados por completo a los intereses de los empresarios, a los que dan impunidad y cobertura jurídica para refrendar todos los atropellos perpetrados por la burguesía.
A pesar de todas las medidas reaccionarias adoptadas por el Gobierno del PP en el período en que éste tenía mayoría absoluta, y que se mantienen cuando ya no la tiene gracias al apoyo de PSOE y C’s, iguales de putrefactos que el PP, se les quedan cortas y tienen que establecer marcos todavía más reaccionarios. La aplicación del artículo 155 ha sido un paso adelante en la represión, la cual cotidianamente se halla en la persecución del tejido asociativo no controlado por el Estado, de los CDR en Cataluña, de los sindicatos combativos, en los raperos que componen canciones que expresan el sentir de la juventud obrera o los tuiteros que opinan y que son encarcelados demostrándose que en este país la libertad de expresión brilla por su ausencia para todo aquél que no sea un reaccionario.
El Estado está quebrado políticamente, con una deuda en noviembre que asciende a 987.158 millones de euros, o lo que es lo mismo un 4,5% más que en noviembre de 2016, se han pulido la hucha de las pensiones, las cuales pierden poder adquisitivo año tras año, las políticas económicas del gobierno roban a los trabajadores y transfiere cada vez más parte de la renta que les correspondía a ellos hacia los empresarios, implicando un empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo, precariedad, paro, etcétera. Esta situación impide que el Estado tenga margen para aplicar nada más que la represión, que avanzar inexorablemente hacia la mayor reacción, en definitiva, llevar a la clase obrera, y a las clases populares maltratadas por el Capitalismo Monopolista de Estado, al umbral de la Revolución Socialista, pues es claro que maduran las condiciones objetivas existentes en nuestro país para que se produzca el advenimiento de ésta; no obstante, el poder de la burguesía no caerá por su propio peso, como así nos demuestra la experiencia histórica, sino que es necesario tumbarlo por medio de una resuelta lucha en la que participen las masas proletarias y sus aliados.
Mienten a los trabajadores todos aquellos que les hacen albergar la falsa ilusión de que el Estado burgués es reformable, que mediante los circuitos legales y políticos de la burguesía monopolista se pueden conquistar espacios democráticos en términos políticos y económicos y de justicia social. Mienten todos aquellos que le dicen al Pueblo que por la vía del voto y de la urna se puede alcanzar la emancipación nacional o la emancipación de la clase obrera. Los hechos demuestran que la acción de la socialdemocracia, del oportunismo, han desorganizado a la clase obrera, le han inoculado el individualismo y la ideología burguesa, en definitiva, como han hecho siempre, han contribuido al desarrollo de la burguesía y, con ella, al desarrollo de la reacción, pues es la única salida que tienen los capitalistas para mantener su sistema y el Poder. Y la única salida que tenemos la clase obrera, los explotados, es la organización de manera independiente del estado, en términos de clase, para defender nuestros intereses y combatir a la burguesía y al instrumento que le permite a ésta imponer su dictadura, el Estado, y construir el Socialismo e imponer la democracia de los trabajadores, la Dictadura del Proletariado.
¡SIN PARTIDO NO HAY REVOLUCIÓN!, ¡FORTALECE AL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL!
¡SOCIALISMO O BARBARIE!
COMISIÓN DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
