El rey saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, y el príncipe heredero, Mohamad bin Salman (dcha.).

Las ejecuciones llevadas a cabo por el reino de Arabia Saudí en el primer trimestre de 2018 aumentaron un 72 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe de la Organización Europeo-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés).

En su más reciente informe publicado el sábado, la referida organización subrayó que hay una cantidad elevada de ciudadanos extranjeros que enfrentan la pena capital en este país árabe.

El régimen saudí se abstiene de proporcionar estadísticas oficiales sobre las personas que esperan en corredores de la muerte, pero la organización confirmó que 42 personas están en riesgo inminente de ejecución, entre ellas ocho que eran menores en el momento de la infracción.

La ESOHR también denunció que Riad ha sentenciado a muerte a varias personas por supuestos delitos que ni siquiera contravienen el derecho internacional, incluyendo la participación en manifestaciones pacíficas, el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, así como el ejercicio de ritos religiosos relacionados con la minoría chií.

Riad ha rechazado todas las solicitudes de relatores independientes especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visitar el país desde 2008, agregó el informe.

La asociación contra la pena de muerte Reprieve, con sede en el Reino Unido, dijo en marzo que la tasa de ejecuciones en Arabia Saudí se ha duplicado desde que Mohamad bin Salman fue nombrado príncipe heredero en 2017. El grupo señaló que 133 ejecuciones tuvieron lugar en los ocho meses transcurridos desde su nombramiento, en junio de 2017, en comparación con las 67 de los ochos meses anteriores.

“El hecho de que se hallan doblado las ejecuciones bajo el nuevo príncipe heredero saudí revela que, más allá de su intento de presentarse como un reformador, Mohamad bin Salman es uno de los dirigentes más brutales de la reciente historia del reino”, indicó entonces Maya Foa, directora del grupo.

Las organizaciones pro derechos humanos, incluida Amnistía Internacional (AI), ven con preocupación el creciente número de las ejecuciones en Arabia Saudí, y advierten de que la monarquía utiliza la pena de muerte para silenciar a los disidentes, sobre todo a la minoría chií.

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