WASHINGTON, agosto 24.— Más de 520 niños inmigrantes indocumentados continúan separados de sus padres en Estados Unidos, cuando se cumple casi un mes del plazo dado al Gobierno por un juez federal para reunir a las familias.

En un informe sobre el estado del proceso de reunificación, los abogados del ejecutivo de Donald Trump precisaron que en esa situación se encuentran 23 menores de cinco años y 505 que tiene más de esa edad y hasta 17 años, todos bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

De acuerdo con el reporte presentado el jueves y difundido por el portal digital Huffington Post, 343 padres de esos menores se encuentran actualmente fuera de esta nación tras ser deportados, mientras 19 permanecen bajo custodia de las autoridades norteamericanas y 62 levantaron alguna señal de alarma en las comprobaciones correspondientes, dice Prensa Latina.

Los nuevos datos apenas difieren con la cifra de 565 niños que aún estaban separados el 16 de agosto, y se dieron a conocer a casi un mes después de que el 26 de julio se venció el plazo dado por el juez Dana Sabraw para regresar a todos los infantes al lado de sus progenitores.

Esta actualización sobre el estado de los casos se dio a conocer el mismo día que la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA) y otros grupos acusaron a la administración de usar presuntas estrategias coercitivas contra los padres para que rechazaran solicitar su derecho a asilo.

Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, indicó que se trata de esfuerzo sistemático e intencional para alejar a hijos de sus padres y retenerlos como rehenes, con el fin de sabotear el derecho de los adultos a solicitar asilo y luego utilizar a los niños como una amenaza para otros que intentan llegar a este país.

La acción legal, expuesta ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina por los Derechos y Libertades Civiles, recoge testimonios de 13 padres que señalaron una práctica «generalizada e ilegal» por parte de los agentes migratorios.

El Gobierno no solo creó una política que separó a miles de niños, sino que, además, los adultos sufrieron coerción y firmaron documentos que no entendían, y renunciaron a sus derechos legales, incluyendo el de ser reunificados con sus hijos, manifestó Katie Shepherd, abogada del Consejo de Inmigración de Estados Unidos.

La separación de familias en la frontera sur, que provocó gran indignación a nivel nacional e internacional, se incrementó a raíz de la aplicación de la política de tolerancia cero, la cual establece el procesamiento criminal de quienes entren ilegalmente a este país.

Ante la presión generada por las condenas a esa práctica, Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de junio que puso fin a la división de familias, pero no estableció la reunificación inmediata de los más de 2 600 menores que ya habían sido separados.

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