La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) español no renuncia a imputar “rebelión” a los dirigentes políticos del “proceso” independentista catalán del año pasado.
Este tipo penal, que implica según la legislación española la participación en un alzamiento público y violento, acarrea penas de un mínimo de 15 años de prisión, y pese a la polémica existente en el mundo jurídico y la opinión pública los fiscales del TS tienen planeado mantener la acusación.
Esta circunstancia ha sido confirmada este domingo por la agencia de noticias Europa Press y el diario El País, citando fuentes del Ministerio Fiscal español, pese a las expectativas de que el cambio de Gobierno de junio, del conservador Mariano Rajoy al socialista Pedro Sánchez, pudiera dar pie a una actitud menos beligerante con los independentistas.
Al no haber cambios en las instrucciones transmitidas a los fiscales por la fiscal general del Estado designada por Sánchez, María José Segarra, se prevé que el escrito que se entregue próximamente con el inicio del juicio reitere las consideraciones incluidas por el controvertido juez del TS Pablo Llarena en octubre pasado, tomadas a su vez del fallecido en extrañas circunstancias José Manuel Maza.
En la querella inicial se afirmaba la existencia de indicios de que 20 personas, entre cargos del ejecutivo del expresidente autonómico Carles Puigdemont y del legislativo regional de Cataluña (noreste), participaron en delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en el mencionado proceso, iniciado en 2015 y culminado con la declaración independentista del 27 de octubre de 2017.
La existencia de violencia por parte de los independentistas catalanes se ha puesto en duda desde el principio de la represión del proceso por las autoridades españolas, tanto por parte del sector separatista como por numerosos juristas y observadores sin vinculación particular con los hechos.
Por el contrario, los independentistas catalanes, así como distintas organizaciones pro derechos humanos, han denunciado desde octubre del año pasado niveles de violencia y represión policial inaceptables por parte del Gobierno central, en particular para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre pasado.
El mantenimiento del delito de rebelión en la acusación a los líderes independentistas parece confirmar las críticas del sucesor de Puigdemont, Joaquim ‘Quim’ Torra, a la falta de cambios sustanciales entre las políticas de Rajoy y de Sánchez. Torra ha advertido de que el juicio a los independentistas creará una nueva crisis en Cataluña.
