Familiares de víctimas de la represión estatal y el 'gatillo fácil' acompañaron la presentación del informe anual de CORREPI, el 15 de marzo de 2019 en Buenos Aires. Emmanuel Gentile / RT

Emmanuel Gentile.— Casos de “gatillo fácil”, muertes en cárceles y comisarías, fallecidos en el marco de un operativo represivo contra la protesta social; cada hombre o mujer que pierde la vida a manos de la “violencia estatal” forma parte del informe que cada año, desde 1996, realiza en Argentina la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

El trabajo estadístico de esta ONG, dirigida por los abogados María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, nació en tiempos de la presidencia de Carlos Menem, cuando, a las crecientes denuncias por fusilamientos policiales, el Gobierno respondía que se trataba de historias de “periodistas de pluma fácil”; o desafiaba: “¿Dónde están los nombres?”.

Fue así que Delia Garcilazo, madre de Rodolfo ‘Fito’ Ríos, un joven que murió torturado en una cárcel porteña en 1992, propuso a sus compañeros de una incipiente CORREPI llevar la cuenta de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad desde el final de la dictadura, en 1983, y exponerlos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada de Buenos Aires. Aunque recibió el descrédito de cada Gobierno y el interés de la prensa masiva fue mutando de acuerdo a los tiempos políticos, el archivo de casos se actualizó y presentó cada año, sin interrupciones, hasta la actualidad.

El viernes 15 de marzo, minutos antes de la presentación del informe anual 2018 en una Plaza de Mayo plagada de familiares de víctimas que claman justicia, María del Carmen Verdú dijo a RT: “La primera data que surge cuando analizas la información que hoy contiene nuestro archivo de casos, es que estamos en un promedio de una muerte cada 21 horas por el aparato represivo estatal. En los primeros 1059 días del Gobierno de Macri, es decir, desde el 10 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, son 1.303 los casos relevados. Basta dividir para que se entienda cómo hacemos ese cálculo”.

CORREPI registra un total de 6.564 muertes por el aparato represivo estatal desde el retorno de la democracia en Argentina. En sus tres primeros años de Gobierno, Mauricio Macri acumula 20 % de esa cifra global, con sus 1.303 casos.

“Este es un récord absolutamente inédito, al que jamás pensamos que nos íbamos a acercar de manera tan veloz. Pensemos que al kirchnerismo le llevó 12 años pasar de una muerte cada 28 horas a una cada 30. Y nos horrorizábamos y lo denunciábamos en esta plaza”, agregó Verdú.

Vale aclarar que esas cifras falta añadirles las que tienen que ver con muertes en lugares de detención en el último año, que si bien no fueron informadas oficialmente, la organización las estima en 150.

Según el informe, 48,8 % de las muertes registradas en 2018 se dieron en cárceles y comisarías,  mientras que otro 38,8 % fueron casos de “gatillo fácil“. En tanto, el rango de edad arroja una notoria preeminencia de víctimas jóvenes, teniendo en cuenta que 42,1 % de los fallecidos tenían entre 15 y 25 años.

No existen actualmente cifras oficiales que se puedan contraponer a las difundidas por CORREPI. Sin embargo, en enero pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó los datos de la Coordinadora Antirrepresiva sobre ‘gatillo fácil’, y pidió los nombres y apellidos de las víctimas. “Si fueran ciertos, estaríamos hoy con todas las fuerzas de seguridad echadas. No tendríamos un solo policía“, dijo. Y agregó: “¿Por qué no cuentan los delincuentes que matan gente? ¿Cada vez que un policía mata a un delincuente es un gatillo fácil? Entonces, cuando un delincuente mata a un civil, ¿qué es? ¿un gatillo difícil?”. 

Amparados en la doctrina Chocobar

“La represión estatal es una herramienta presente en el arsenal de cualquier gobierno que administra una sociedad dividida en clases —explica Verdú—. Sin embargo, jamás vimos, en cualquiera de los gobiernos anteriores, la defensa explícita pública del ‘gatillo fácil’ como política de Estado, y no hablo de fallidos, sino de políticas explicitadas en conferencias de prensa, como cuando nos informaron de la legitimidad del ‘gatillo fácil’ a través de la doctrina Chocobar”.

El agente Luis Chocobar, que fue filmado disparándole por la espalda a Pablo Kukok, de 18 años, quien huía tras cometer un robo, está imputado por homicidio agravado. Fue felicitado y recibido por el presidente Macri y la ministra de Seguridad, Bullrich, quien le dijo al oficial que “no está solo”. Tras haber sido restituido en su cargo por las autoridades, en octubre pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por su defensa y ratificó que deberá ir a juicio.

Sentada en una silla plástica junto a las decenas de familiares que concurrieron a la presentación del informe de CORREPI, Adriana Rodríguez sostiene en sus manos una foto de su hijo, Ariel Martín Santos. “El 22 de diciembre de 2016, Carla Céspedes, policía de la Ciudad de Buenos Aires, mató a mi hijo de tres tiros por la espalda. Los tres jueces —del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14—, después de ver las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, increíblemente la absolvieron”, cuenta. Santos no estaba armado. Tras salir de un supermercado donde robó a un proveedor junto a un cómplice, intentó subirse a una moto para escapar, pero fue ultimado por la oficial de 24 años, quien también fue recibida por la ministra. La familia del joven aguarda la resolución de la Cámara de Apelaciones.

Arnaldo Banegas es tío de Agustín Riveros, un joven de 15 años que el 24 de febrero quedó en medio de un enfrentamiento entre dos bandas armadas en el barrio 2 de abril, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

“Tiraron de un lado y del otro, él salía de una casa y le pegaron más de un tiro”. Por el caso hay cuatro detenidos, uno de ellos policía, quien habría sido el que disparó contra el menor y, según el relato de la familia de la víctima, “estaba borracho”. “Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero mi sobrino no andaba en nada, eso es lo que más bronca nos da. Hoy estamos acá pidiendo justicia“, dijo Banegas a este medio.

El 18 de junio de 2017, Gonzalo Fernández, de 22 años y padre de dos hijos, fue detenido en una comisaría 3ª de Temperley, en la zona sur del Gran Buenos Aires, por una pelea entre vecinos. Horas después, la Policía informó que el joven se había ahorcado una celda con su propia remera, pero esa versión fue desacreditada por la familia.

Julio, el padre de Gonzalo, fue quien reconoció el cuerpo en la morgue, y asegura que lo encontró “muy golpeado”. La causa fue cerrada por la Justicia, y al poco tiempo, el comisario, Martín Mira, fue ascendido a jefe distrital de Almirante Brown. Diez meses después, otro chico, Maximiliano Reynoso, detenido por “averiguación de antecedentes”, apareció muerto en la misma dependencia, y la versión policial fue idéntica.

Sentimos mucha impotencia y bronca. Dejamos de ir a los actos porque nos bajoneamos muchísimo, pero acá estamos de vuelta y vamos a seguir hasta lograr justicia”, se envalentona Julio.

Del acto de CORREPI participaron organizaciones políticas y de derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado.

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