Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
La semana pasada VOZ publicó una nota sobre el asesinato de Samuel, un niño de tan solo siete meses de nacido, en medio de un atentado a sus padres, perpetrado por hombres armados, en La Guajira. Su padre es un excombatiente de las Farc. Este hecho generó repudio a nivel nacional, mientras se le exigía al gobierno de Duque garantías de protección para quienes hoy integran el partido de la rosa. Al poco tiempo, en el Catatumbo, el mismo Ejército Nacional se ve involucrado en hechos en los cuales un exmiliciano fue asesinado y su cuerpo se pretendía enterrar en una fosa común.
La FARC afirma que no hay garantías para quienes dejaron las armas y buscaron la paz. En solo el mes de abril hay un total de 137 hechos de violencia contra excombatientes.
En tela de juicio la versión del Ejército
Dimar Torres es el nombre de la persona que murió en extrañas circunstancias, cuando el pasado 22 de abril se desplazaba en una moto desde Miraflores hacia Campo Alegre, en el Catatumbo. Él había comprado unas herramientas de trabajo para su finca, la cual cultivaba de la mano de su esposa, quien se encuentra con dos meses de embarazo.
Según relató otra persona que también iba por el mismo camino, pero unos metros adelante en otra moto, era extraño que el Ejército, que se encontraba en la carretera, no lo parara a él, que Dimar no llegara detrás suyo, y que por el contrario, se hubieran escuchado unos tiros. Esta situación fue alertada por el mismo campesino entre los habitantes de la región, y de inmediato, se dieron a la tarea de dirigirse a la zona en donde se encontraba el Ejército para preguntar por su paradero. En ese grupo de personas había miembros de las Juntas de Acción Comunal y de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.
Cuando esta comisión llegó al lugar de los hechos, lo cual fue grabado en un vídeo, los soldados negaron tener conocimiento del paradero de Dimar, sin embargo, no conformes con la respuesta, los habitantes se dieron a la búsqueda y hallaron un sombrero, sangre y un hueco que se asemeja a una fosa, en donde, dicho por los mismos campesinos, cabía una persona de las dimensiones físicas del exmiliciano. Luego de otros minutos de búsqueda su cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera, al lado de su moto y con señales de tortura. El hombre había sido golpeado en su rostro, le habían pegado un tiro en la pierna, uno más en la columna y otro en la cabeza. Quienes lo hallaron coincidieron en afirmar que su cuerpo fue arrastrado hasta ese lugar.
Catatumbo bajo el fuego
VOZ dialogó con uno de los voceros de Ascamcat, Juan Carlos Quintero, quien relató que luego de los acuerdos de paz, en la región, la situación de violación a los Derechos Humanos no ha parado. Cuenta que, según las Naciones Unidas, la crisis humanitaria en la región es producto de la confrontación de los grupos armados como el ELN, EPL y el Ejército Nacional, y se han afectado a unas 150 mil personas, asimismo, se han conformado 36 refugios humanitarios con cerca de 10 mil personas y además, ha habido un promedio de 200 homicidios selectivos: “Y tenemos el lamentable hecho de que hayan sido asesinados 18 líderes sociales en el departamento. Ya en el mes de diciembre, frente al repliegue del EPL se profundizan los combates con el ELN y el Ejército Nacional, lo que coincide con la inauguración de la Fuerza de Despliegue Rápida número tres, Fudra, que genera afectación en los derechos de las comunidades. Bloquean el desplazamiento de la comunidad intermunicipal e interveredal, en San Calixto y Acarí, están haciendo toques de queda ilegales, empadronamientos y bloqueo en la movilidad, además de capturas masivas en donde la comunidad asegura son montajes judiciales. Esta situación coincide con la muerte de Dimar Torres”, asegura Juan Carlos Quintero.
Para los líderes sociales de la región, la militarización de la zona no ha sido garantía de protección de los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario, DIH. “Desde el 2008 en el marco de la política de seguridad democrática de Uribe, aquí se instaló la Brigada 30 y la Brigada Móvil número 15 y ahora se instala la Fudra número tres. A lo que hemos dicho que la militarización en la región no garantiza la seguridad de la gente, son alrededor de 15 mil soldados en la zona del Catatumbo. Este es un enfoque equivocado de seguridad que ha profundizado la violación de los derechos. Muestra de ello es el alto número de asesinatos, de violencia contra los líderes sociales y la impunidad. Nos preguntamos hasta dónde está comprometida la fuerza pública en representación del Estado en términos de la impunidad en cuanto a la violencia contra los líderes sociales y políticos”.
Según Juan Carlos, desde la asociación campesina, se acompaña la acción de búsqueda de Dimar: “Es necesario acompañar a las comunidades en la búsqueda de sus derechos, ese ha sido el papel de Ascamcat y por ahora estamos esperando a la Comisión de Paz del Senado para que escuche a las comunidades y se esclarezcan los hechos en el municipio de Convención”. Igualmente, asegura que las comunidades que acompañaron la búsqueda del hombre asesinado, temen por su vida y por la seguridad de la familia que ha dejado. Por esta situación se pedirán garantías de protección.
Las FARC exigen garantías
Por otra parte, VOZ también habló con Lucy Giraldo, consejera política de FARC en el Catatumbo, quien relató que la situación por la cual está pasando el partido es de incertidumbre, “pues es el Estado quién debe ser el principal garante de la seguridad nuestra. Esto nos deja claro la gravedad de la situación, pues en realidad, en el área del municipio de Convención, ya se han presentado otras situaciones que nos llevan a pensar que no son hechos aislados y hasta ahora la militarización de la zona no ha sido la garantía de nuestros derechos”. La consejera asegura también que desde hace unos meses, “están apareciendo panfletos amenazantes a nombre de las autodefensas, y eso preocupa aún más”.
Lucy relata, además, que Dimar Torres había salido de la cárcel en 2017 con la amnistía que creó el proceso de paz para exguerrilleros de las FARC-EP. Desde entonces, “se hizo cargo de sus padres ya ancianos y se encontraba trabajando como un campesino común y corriente. Asistía a las reuniones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN”. En la noche en que los campesinos se percataron de los disparos y que no aparecía Dimar, “se reunieron y fueron a reclamar pensando que lo habían detenido, al llegar y preguntar allí a los soldados, estos niegan haber detenido al compañero, y como ya era nochecita, los campesinos siguieron buscando. Allí encuentran el sitio donde estaban cavando una fosa, luego encuentran el cuerpo sin vida. Los campesinos custodiaron el sitio hasta que llegaron las autoridades”.
Por otra parte, asegura que han indignado las declaraciones del ministro de Justicia y del consejero presidencial, frente a lo ocurrido: “Todos estamos a la espera de que se aclare lo ocurrido, pero no se pueden distorsionar los hechos para encubrir una violencia tan evidente. Queremos que se conozca la verdad, que se aclare la sistematicidad de hechos que generan desconfianza y que se hagan efectivas las garantías de seguridad, y obviamente, la reincorporación, pues nos sigue preocupando el tema de la integralidad: vivienda, tierra y proyectos productivos”.
