Palacio de Miraflores, Caracas. – Referirse a los derechos humanos es hablar de los resultados de luchas históricas y sociales por parte de aquellos grupos más desfavorecidos y vulnerables por las grandes élites dominantes que controlan el poder económico y político.

Venezuela tiene mucho que decir de estas luchas, una vez triunfó y llegó al poder el comandante Hugo Chávez se inició un proceso constituyente para adecuar el marco constitucional e institucional y transformar el Estado y dar origen a una Carta Magna que consagró la preeminencia de los derechos humanos.

Se produjo un cambio necesario, la Constitución del 99 marcó el inicio -de forma legal- de la Revolución Bolivariana, y a través de ella se impulsó el socialismo del siglo XXI que renovó la manera de gobernar en América Latina y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la extrema derecha.

Venezuela se convirtió en una nación con avances y logros en materia de acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo de los derechos humanos del pueblo venezolano, no en vano nuestro país se erigió como integrante del Consejo de Derechos Humanos (CDH) desde noviembre de 2012, cuando fue electa con 154 votos a favor para el período 2013-2015.

El 28 de octubre de 2015 fue reelegido nuestro país para el período 2016-2017 con 131 votos, permitiéndole a Venezuela mantener su escaño.

El reconocimiento a Venezuela es la respuesta al trabajo realizado, en el cual representantes venezolanos en la materia han expuesto las metas logradas. En el año 2016, en el contexto de la 33° Sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, Suiza, se ofreció un balance positivo sobre el beneficio directo que recibe el Poder Popular, a través de las competencias y servicios jurídicos que ofrece la institución a venezolanos y extranjeros sin discriminación.

En este reporte se mostró cómo se generaron las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la participación, de manera organizada, directa y protagónica, con una atención personalizada para todas las y los ciudadanos que requieran del servicio, de manera gratuita dentro del ámbito de competencias, atendiendo a más de 2.000.000, usuarios y usuarias en las distintas áreas de competencia de la Defensa Pública durante los años 2013 a 2016.

Esto incluye a grupos vulnerables; adultos mayores, niñas niños y adolescentes, afrodescendientes, personas de baja talla, comunidad LGBT, pueblos indígenas, personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida, intelectual, psicosocial, extranjeros, entre otras.

También, se debe destacar que la Defensa Pública venezolana ha logrado evolucionar y desarrollar las opciones de contacto directo con la población, para ofrecer una atención primaria, óptima y de calidad, a todas las personas que acuden a la institución.

“Para optimizar el servicio a los venezolanos inauguramos en el 2015 la Oficina de Atención Ciudadano, hasta la presente fecha hemos atendido a más de 21.000 personas (…) De igual manera, brindamos un programa de jornadas, desde el 2013 hasta el 2016 con más de 188.400 jornadas de calle dirigidas a los grupos organizados con una atención directa en sus residencias”, expresó en ese momento la directora de despacho de la Defensora Pública General, Mariana Oliveros.

Algunos son los antecedentes sociales que marcaron una época de violación sistemática de los Derechos Humanos y alteración del ordenamiento jurídico, sucedido en décadas previas a la entrada en vigencia de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela.

“Sin lugar a dudas, podemos afirmar que si bien la Constitución de 1961 propugnaba la protección del derecho a la vida, la libertad, la justicia, la dignidad humana, entre otros, esto no era más que simples articulados constitucionales sin aplicación alguna (…) la memoria colectiva nos evoca múltiples masacres y violaciones a los derechos humanos a causa de la disidencia política, cuyos involucrados no tenían derecho a un juicio previo ni al derecho a la defensa y eran ejecutados extrajudicialmente o torturados y desaparecidos; entre algunas violaciones graves a los derechos humanos podemos mencionar las distintas masacres: “Yumare”, “Cantaura”, “El Amparo” y “El Caracazo”(como es conocido internacionalmente el hecho más atroz de todas las masacres ocurridas en nuestro país)”, rememoró en esa ocasión Oliveros.

En ese mismo tenor, en octubre de 2018, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante el Sistema Internacional de DD.HH., Larry Devoe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances del país en esta materia.

Durante su intervención, el representante del Estado venezolano explicó que en el año 1998 solo había 387 mil pensionados y luego del año 1999, a través de un régimen de pensiones creado por el Gobierno del Presidente Chávez, más de 4 millones 500 mil personas con derecho a pensión comenzaron a gozar de este beneficio, alcanzando el 100% de cobertura.

Asimismo, Devoe recordó que el país cuenta con 148 centros de atención y cuidado de adultos y adultas mayores en todo el territorio nacional, así como con una política sostenida en materia de alimentación y salud, mediante la cual se le da prioridad a los adultos y adultas mayores gracias a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las casas de alimentación, además del suministro gratuito de medicamentos para enfermedades crónicas, atención en el programa 0800 Salud, entre otros.

También el Carnet de la Patria ha sido un mecanismo de Gobierno electrónico para fortalecer su política social y simplificar los trámites de acceso a los beneficios que garantiza el Estado.

“Hasta ahora hay más de 18 millones de personas registradas y nos dimos cuenta quiénes requerían el acceso y fueron incluidos a toda la política de protección con la que cuenta el Estado, sin preguntar sus preferencias políticas”, argumentó.

En fin, son alcances que han sido reconocidos por representantes del sistema de derechos humanos. Ha sido otro logro conquistado el que en Venezuela se han otorgado techos dignos a los venezolanos y venezolanas. Ya para el año en curso (2019) son más de 2 millones 600 viviendas entregadas a los más vulnerables.

Contra el país se pretenden igualmente imponer matrices como la existencia de presos políticos. Sobre el particular, Larry Devoe señala que en Venezuela no existen presos políticos, “sino personas que están condenadas o procesadas por diversos delitos, incluido el homicidio contra particulares, funcionarios públicos y de organismos de seguridad”.

Recordó que sectores de la oposición venezolana han hecho uso de la violencia como práctica reiterada, promoviendo golpes de Estado, magnicidios contra el presidente de la República (Nicolás Maduro) y diversas acciones de violencia y terrorismo que han cobrado la vida de decenas de personas.

Lo que si ha trastocado los alcances de Venezuela en materia de derechos humanos han sido las medidas coercitivas unilaterales afectan el disfrute de los mismos, toda vez que nuestra economía sufre una agresión permanente, a raíz de dichas medidas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no claudica y continúa la lucha con logros tangibles, los cuales deberán ser constatados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a propósito de su visita a Venezuela.

Prensa Presidencial / Anaís Pérez

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