Michael Reed Hurtado.— El abuso de poder y la corrupción son problemas que aquejan a las organizaciones de policía de todo el mundo. Sin embargo, en Colombia, salvo en el contexto de algún escándalo (siempre pasajero), estos problemas no se abordan.
Reconocer la existencia de dinámicas de abuso de poder y de corrupción en la fuerza policial no hace parte del abordaje de la administración pública en el país. Parece que se prefiere (o se requiere) avanzar sin controles, limitando el alcance de sucesivos destapes –como la relación activa y dinámica entre la policía y el crimen organizado, abusos físicos y sexuales involucrando una larga cadena de perpetradores y encubridores, o la malversación de fondos públicos– a la exposición de ovejas negras o de manzanas podridas. A golpe de chivos expiatorios, la Policía Nacional sigue, como siempre.
La negación que acompaña al fenómeno profundiza las dinámicas de abuso de poder y de corrupción, y retrasa la respuesta a los problemas en la operación de una organización esencial para el funcionamiento del Estado. Además, la organización policial termina involucrada en las transgresiones al esconder, o al negar su existencia o sus implicaciones.
A partir de ejercicios de control internos y externos a distintas organizaciones de policía en el mundo, sabemos que, por razones relacionadas con la naturaleza de la organización y sus actividades, las policías son particularmente propensas al abuso de poder y a su ocultamiento. La Policía Nacional no es ajena a esta dinámica.
Las transgresiones que son conocidas se tramitan de manera calculada mediante relevos, acciones disciplinarias y penales (aisladas), anuncios de modernización, y procesos de promoción de derechos humanos. Los escándalos, además, cumplen otro propósito: opacan la consideración de casos y situaciones menos notables pero de altísima frecuencia, como la arbitrariedad o la brutalidad policial contra sectores sociales vulnerables, la obstaculización de la justicia, o la participación paralela de muchos agentes policiales en negocios (legales e ilegales) que riñen con su función pública.
Al margen de que se conocen problemas serios y extendidos de criminalidad organizada, brutalidad policial y corrupción en la Policía Nacional, los elementos estructurales y las causas de esos problemas no son abordados. La organización es refractaria y ha logrado exitosamente evadir controles y negar patrones de trasgresión que afectan a toda la organización.
La dinámica de reforma institucional ha respondido a una trama de escándalo, reconocimiento parcial, reforma, recaída y nuevo escándalo. Esta lógica cíclica fue evidente en relación con los dos procesos de reforma que la organización experimentó. En ambos casos, un evento notorio –la violación y la brutal muerte de una niña de 9 años en la estación de policía de Germania en febrero de 1993 y la apropiación en 2003 de tres toneladas de cocaína por parte de un grupo de policías para beneficiar al crimen organizado en Barranquilla– se convierte en el recurso simbólico que potencia la reforma sin que se examinen las dinámicas trasgresoras instaladas en la organización y sus causas.
Casos y situaciones más recientes –como los vínculos de algunos oficiales con redes de narcotráfico, el encubrimiento del homicidio de Diego Felipe Becerra, y la denominada Comunidad del Anillo– evidencian dinámicas similares. Hay escándalo, reacción contenida, ajuste, y todo sigue igual.
El conocimiento público sobre el funcionamiento y la dinámica de la Policía Nacional es muy limitado; en parte, por esta razón, el debate sigue cerrado, y la organización sigue sin controles.
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