jueves, julio 9, 2020

Assange declara ante corte española por espionaje en su contra.

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De acuerdo con los abogados de Assange, la compañía española de seguridad violentó sus comunicaciones personales y sus contactos con los abogados.

El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, declaró este viernes ante la Audiencia Nacional de Madrid por videoconferencia, en el caso de su demanda contra una compañía de seguridad española por presunto espionaje durante su estadía como asilado en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde un penal de alta seguridad en Londres, donde se encuentra recluido, Assange acusa a la firma privada española Undercover Global Ltd, responsable de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres en el periodo de 2015 a 2018, de haber interceptado sus comunicaciones y haberlas transferido a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el equipo legal del australiano, este habría sufrido una «injerencia masiva» por parte de los servicios de inteligencia de EE.UU., ayudado por la citada compañía de seguridad, que violentó, entre otros derechos, sus comunicaciones profesionales con abogados.

Además, suponen que la empresa recabó información a través de cámaras de vídeo que registraban audio, micrófonos escondidos, apertura de dispositivos electrónicos y teléfonos de las visitas.

Al respecto, su abogado Aitor Martínez aseguró que su representado desconocía totalmente que las cámaras grabasen audio y que se hubieran introducido micrófonos ocultos en las bases de PVC de los extintores, por lo cual Assange sostiene haber sido objeto pasivo de una “intromisión ilegítima” coordinada por EE.UU..

El equipo judicial del principal artífice de WikiLeaks insisten en que hay «ingentes evidencias» para apoyar la denuncia, «provenientes del propio material de la empresa, así como de los testimonios de los testigos protegidos en el marco de la causa, extrabajadores de la empresa».

Una posible victoria en este caso podría evitar que el periodistas australiano fuese extraditado a EE.UU., como requiere el Departamento de Justicia de ese país, para juzgarlo por la filtración de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales en 2010.

Martínez declaró a la prensa que “con las evidencias que hay ya en la causa, consideramos que evidentemente se debe desarticular ya el proceso de extradición abierto contra él, porque no existe ningún tipo de garantías en Estados Unidos”.

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