La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Myanmar tomar una serie de medidas para impedir el genocidio de los rohingyas en el estado de Rajine (este).
El panel de la CIJ, compuesto por 17 jueces, ha votado este jueves por unanimidad, para ordenar al Gobierno de la líder de facto de Myanmar (Birmania), Aung San Suu Kyi, a tomar “todas las medidas” a su alcance para prevenir el genocidio de los musulmanes de la minoría Rohingya, cuyas vidas, de acuerdo con la instancia, están en “serio” peligro.
Las medidas que debe adoptar el Gobierno de facto de Naipyidó incluyen “prevenir la matanza” y “causar serios daños” tanto psicológica como físicamente en los integrantes de esta comunidad, así como “preservar evidencias de posible genocidio que ya ha ocurrido”, se lee en el veredicto.
El magistrado Abdulqawi Ahmed Yusuf, que preside la CIJ, a su vez, ha comunicado que Naipyidó debe informar por escrito a la instancia de cómo implementa el fallo dentro de cuatro meses y después, cada seis meses.
La solicitud de adoptar una serie de medidas de urgencia fue presentada hace meses por Gambia, que acusa a Myanmar de haber violado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la prevención y represión del crimen de genocidio. Gambia cuenta con el apoyo de los 57 miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), Canadá y Los Países Bajos.
La emisión del fallo, la primera en este caso, sería buena noticia para los reprimidos musulmanes, dado que es vinculante e inapelable, sin embargo, la CIJ, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, no dispone de medios para obligar la aplicación del veredicto.
La decisión de la CIJ se produce días después de que una comisión birmana ratificara que varios militares habían cometido crímenes de guerra contra los musulmanes, aunque exculpaba al Ejército.
La campaña xenófoba y racista lanzada en 2017 contra la minoría musulmana creó horrendos escenarios de violencia, matanza, torturas y desalojos forzosos en el este del país budista, de forma que la ONU ha expresado su preocupación por la limpieza étnica que se había puesto en marcha.
La Amnistía Internacional (AI), por su parte, publicó un informe en mayo pasado, en el que asegura disponer de “nuevas pruebas” que muestran que los soldados birmanos siguen llevando a cabo “ataques indiscriminados” en Rajine.
