Cumplidos cincuenta días desde la declaración del estado de alarma, las medidas adoptadas por los poderes públicos responsables de la garantía del derecho fundamental a la vivienda siguen siendo insuficientes. Si antes del estallido de la pandemia la situación en Asturias era de emergencia habitacional, con una de cada cuatro familias en riesgo de exclusión residencial, las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria auguran un verdadero drama social más profundo aún que la crisis de 2008.
La suspensión de los desahucios decretada por el Gobierno de España no alcanza a proteger a las familias que malviven hacinadas en habitaciones realquiladas, sin contrato de arrendamiento, que han perdido sus menguados ingresos procedentes de empleos precarios, no pueden hacer frente a las presiones de sus caseros, y cuya única alternativa es vivir en la calle. Se incrementan alarmantemente estos denominados desahucios invisibles de familias expulsadas de sus hogares sin procedimiento judicial, a quienes ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar facilitan un alojamiento siquiera provisional, y que están condenadas a sobrevivir a la intemperie. Una tragedia social y personal agravada aún más por el riesgo sanitario que conlleva.
Las ayudas al alquiler del Gobierno de Asturias, cuyo presupuesto inicial resulta completamente insuficiente al no alcanzar para más de 400 hogares, excluyen a las personas inmigrantes y a aquellas que no disponen de ordenador o de conexión a Internet. El límite de ingresos familiares mensuales se ha situado en 400 €, cuando ése es el coste medio de un alquiler en Asturias. Y los denominados microcréditos para el pago de la renta, después de más de un mes de haber sido anunciados por el Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado, aún no están disponibles.
PAH Oviedo y Asturias Acoge exigen al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado, ante la saturación del albergue provisional instalado en la Residencia Juvenil de El Cristo, que amplíen los recursos para facilitar un alojamiento digno y estable a todas las familias que, a pesar de la suspensión de los desahucios, están siendo expulsadas de sus hogares. Resulta además urgente aprobar medidas efectivas que protejan el derecho de todas las personas, sin exclusiones, a disfrutar de una vivienda digna y segura.
