El enorme número de ancianos muertos en los asilos se ha incorporado a la actualidad con un fin amarillista. El balance de fallecidos atribuidos al coronavirus les parece poco y deben inflarlo con más carnaza; de lo contrario sus previsiones sobre las víctimas de la pandemia quedarían en ridículo. Un ejemplo es el siguiente titular de El País: “Más de 17.500 muertos por coronavirus o con síntomas compatibles en residencias de servicios sociales” (1).
Si pudieran añadir a los ancianos muertos en los asilos a la contabilidad pandémica, subirían las cifras más de un 50 por ciento.
El titular de El País es el modelo de trampa al que la intoxicación ha recurrido desde que las “previsiones científicas” se desplomaron: “muertos por coronavirus o con síntomas compatibles”, que son síntomas comunes y conocidos desde hace siglos, mucho antes de la paranoia actual.
Uno de los pocos aspectos positivos de esta campaña es que ha puesto patas arriba muchas cosas, la mayor parte de las cuales permanecían ocultas a una amplia mayoría. Entre ellas están los asilos de ancianos, de los que ahora hay consenso en decir que “no funcionan bien” y que deben ser reformados. Esa es la cuestión fundamental: si se siguen tapando las verdaderas causas de las miles de muertes en los asilos, jamás se les podrá poner remedio.
La respuesta de lo que va a ocurrir también es fácil de adivinar: en la medida en que van a echar la culpa al coronavirus, es decir, en la medida en que van a echar tierra encima, los asilos seguirán como siempre.
Los ancianos no han muerto en los asilos a causa del coronavirus. Han muerto de abandono y de la histeria desatada, que les ha alcanzado a ellos, a los trabajadores de los centros, pero también a los familiares.
Vivimos en una sociedad que abandona a los viejos y los abandona más cuando los viejos más ayuda necesitan. La familia no puede encargarse de ellos, por lo que los entregan a instituciones, que a su vez, también los abandonan. Abandonamos a los viejos y nos importan un bledo los asilos (salvo que tengamos a un familiar encerrado en ellos).
Muchos viejos no sólo no sólo no pueden tener una vida independiente por motivos físicos, sino que el abandono los lleva a depresiones profundas, agravadas en este caso por la histeria colectiva y el aislamiento de sus allegados, una medida atroz que sólo a los peores degerados se les puede ocurrir imponer.
Lo mismo que la sanidad, los asilos son una industria privada en manos de la Iglesia católica y los fondos buitre, es decir, que no se organizan para asistir a los viejos sino para ganar dinero; un negocio multimillonario que acaparan los peores tipos de especuladores, que han impuesto draconianas condiciones laborales a los trabajadores, de manera que es uno de los sectores en los que más huelgas se han desatado en los últimos años.
En Madrid la pandemia ha puesto al descubierto 12 asilos que funcionaban clandestinamente, pero el problema viene de antes: el 20 por ciento de ellos (96 en total) ya tenían sanciones previas por incumplimiento de las normas reglamentarias que deben cumplir los centros, desatención, abandono, suciedad…
La Comunidad de Madrid ocultó el nombre de las empresas sancionadas para no perjudicarles el negocio, que pagaran la sanción y pudieran seguir explotándolo.
Estamos hablando de una situación anterior a la declaración del estado de histeria: el 5 de marzo el gobierno comunitario, que está en las zarpas del trifachito, ya ordenó el cierre de todos los asilos, después “restringió” las visitas de los familiares, que se anularon completamente a partir del toque de queda. Todavía ayer los familiares de los ancianos recluidos en el asilo Amavir Diagonal, de Barcelona, lamentaban que no hubieran sido aislados desde el primer momento (2).
El confinamiento dejó a los ancianos atrapados en una ratonera porque los trabajadores cogieron la baja cogieron la baja masivamente y uno de los mejores motivos para ello fue decir que estaban “contagiados”. El consejero de Políticas Sociales dijo que el 40 por ciento de los trabajadores de los centros había quedado “infectada” y causado baja ppor motivos médicos. Los propios médicos contratados por los centros, cogieron la baja.
Los ancianos volvieron a quedar abandonados. Los centros dejaron de atender el teléfono, por lo que la incomunicación con las familias aumentó y con ellos la angustia de unos y otros. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo en el interior de un asilo. Los familiares no podían acudir a suplir a los trabajadores y tampoco podían llevárselos a casa.
En Madrid la Consejería de Políticas Sociales intervino en 14 asilos privados o concertados “en estado crítico” por un “incremento no esperado de fallecimientos”. En su desesperación el gobierno autónomo tuvo que contratar a 1.521 interinos, pero no fue suficiente. Al Consejero, Alberto Reyero, se le ocurrió pedir que los médicos del ejército acudieran a los asilos para atender a los viejos.
La Unidad Militar de Emergencias llegó los geriátricos de Madrid el día 3 de abril. En otros casos fue la Guardia Real, los bomberos, la policía o los servicios de emergencias sanitarias. El panorama que encontraron fue espantoso, con los ancianos muertos por las habitaciones.
Muchos hospitales no habían admitido el ingreso de ancianos procedentes de asilos para favorecer otros casos que consideraban más “prometedores”, es decir, por motivos eugenésicos y discriminatorios, lo que fue sancionado legalmente: la Dirección regional de Coordinación Sociosanitaria de Madrid envió un documento a las residencias en el que les indicaba que no debían remitir a los hospitales a aquellas personas que, aunque tuvieran una infección respiratoria, no pudieran ser independientes en sus movimientos o tuvieran alguna discapacidad.
La orden trascendió a la prensa y el gobierno autonómico dio marcha atrás, en parte, dejando el traslado al criterio del geriatra del centro, quien debía valorar si los viejos tenían alguna posibilidad de recuperarse o había que darlos por perdidos y dejar que se murieran.
La Fiscalía ha abierto una investigación contra 86 residencias de ancianos, 40 ellas en Madrid, por varios delitos, todos los cuales serían muy interesantes de no ser porque es otro paripé para contener la avalancha de malestar social. El delito más interesante es el “homicidio por imprudencia”, es decir, que los viejos no han muerto sino que los han matado, que es algo bien distinto y obliga a entrar a discutir el arma del crimen, que es una sociedad que ha convertido a los ancianos en una mercancía.
Si el expediente no fuera un farol, obligaría a practicar autopsias a los fallecidos, que es lo que más interesados están en ocultar: que la causa de la muerte de los miles de ancianos no es ningún virus sino el capitalismo.
(1) https://elpais.com/sociedad/2020-05-06/mas-de-17500-muertos-por-coronavirus-o-con-sintomas-compatibles-en-residencias-de-servicios-sociales.html
(2) https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/grito-auxilio-familiares-ancianos-residencia-barcelona_346050_102.html
