La fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de 6 años de cárcel y más de seis mil euros de multa contra el joven activista Daniel Gallardo, detenido en una manifestación en solidaridad con Cataluña. Asimismo, ha sido la propia fiscalía la principal oposición para su libertad provisional, ya que lleva en prisión desde el 16 de octubre del año pasado.
Desde el Movimiento Antirrepresivo De Madrid, que todavía no ha accedido al sumario completo, han explicado en varias ocasiones que la acusación se trata de un vulgar montaje policial, con pruebas fabricadas por la propia policía nacional y coordinadas con el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el resto del gobierno de coalición. Las imputaciones contra Gallardo son de atentado contra varios agentes, resistencia y desobediencia grave.
“Cuando el policía declaró ante el juez no tenía lesiones ni secuelas. Hay numerosas contradicciones entre los partes de lesiones, pues el del policía supuestamente agredido está realizado más de una hora antes y en otro sitio distinto al del parte que se le efectuó a Dani en el momento y lugar de la detención“.
En aquellos días, el ministro del Interior Grande-Marlaska manifestó que “la prisión preventiva continuará para los detenidos en las protestas mientras estas continuen“, lo que pone en evidencia que la actuación de la fiscalía responde a indicaciones directas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
