Gabi (Unidad y Lucha).— El racismo institucional sigue siendo una realidad en el Estado español. Es una realidad incómoda, porque el Gobierno reformista de PSOE-Sumar llevaba años prometiendo intervención política real para atajar la discriminación y allanar el camino hacia la igualdad desde las instituciones democrático-burguesas. En este sentido, entre otros, sus propuestas han fracasado, tal y como muestra el «Informe anual sobre el racismo en el Estado español», redactado por la Federación SOS Racismo.
En su informe del año 2017 (publicado en 2018), el último bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, la Federación registró 354 denuncias de racismo institucional; en 2025 (publicado en 2026), 528. Este dato no debe interpretarse a la ligera, ya que hay que tener en cuenta el crecimiento de la red de SOS Racismo, que le da capacidad para contemplar una mayor cantidad de datos, además de otras variables estadísticas imposibles de contemplar en este artículo, como el posible aumento de la inmigración, la creciente toma de conciencia social de las personas racializadas, etc. Sin embargo, los números están ahí y escuecen.
Podría pensarse que el principal agente discriminador son los particulares, o las entidades privadas o concertadas, y entraríamos a denunciar la privatización de los servicios públicos como la causa de fondo. El problema es que los datos muestran todo lo contrario: el 70 % de las denuncias (370) son contra entidades públicas. En su mayoría, las personas perjudicadas han denunciado obstaculización para la realización de trámites de extranjería o los procedimientos para solicitar la nacionalidad, pero también para acceder a los servicios sociales o la atención sanitaria. De esta forma, el «Informe» concluye que esta administración «funciona más como un muro de contención que como un facilitador de derechos».
La realidad es clara: en 2017, el 51.4 % de los agentes discriminadores eran entidades públicas. Es decir, han aumentado las denuncias contra los servicios públicos de 182 a 370, mientras que han descendido las denuncias contra entidades privadas de 166 a 155. No obstante, hay que tener en cuenta el contexto. No es tan fácil denunciar a un particular que te aporta el único sustento económico con el que cuentas a fin de mes. La desigualdad en el capital genera problemas a todos los niveles, incluso a la hora de acceder a las formalidades democrático-burguesas.
Este hecho no puede llevarnos a dejar de defender los servicios públicos. Son conquistas históricas del movimiento obrero y sí es verdad que se están viendo dañados por los constantes procesos de privatización. Ese es el verdadero peligro: las entidades privadas parecen funcionar mejor cuando tienen que competir contra lo público. Una vez desaparece, todo es negocio. Pero lo que no podemos hacer es reducir conflictos como el racismo a la falsa dicotomía público-privado que los medios de comunicación burgueses tanto pretenden imponer. El racismo, igual que el resto de conflictos sociales, surge de la lucha de clases, y para eliminarlo de raíz es necesario derribar la vieja sociedad dividida en clases.
Este Gobierno socialdemócrata ha realizado una serie de reformas cosméticas a través de las cuales prometían un capitalismo amable e igualitario, entre las que destacan el Ministerio de Igualdad o la LOMLOE, pero no han tocado algunas de las leyes más represivas del Estado, como son la ley de Extranjería, la ley Mordaza o el delito de odio. Todo Estado burgués es más o menos racista, porque se construye sobre la explotación y sobreexplotación de mano de obra, cuanto más barata y precaria, mejor. Es urgente avanzar hacia la unidad sindical y la creación de un Frente Obrero y Popular por el Socialismo para vencer esta lacra, sea el burgués explotador o el Gobierno que administra su fortuna.
