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Las 7 grandes mentiras que PSOE y Podemos han hecho tragar a la izquierda

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Diego Herchhoren

La derogación de la reforma laboral

El 8 de noviembre de 2019 era la última vez que Pedro Sánchez prometía la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en un mitin de campaña. Sin embargo, la propia ministra de trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos y PCE), ya había arrojado cubos de agua fría admtiendo que una eventual «reforma» no se haría «de golpe», según aclaró en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados en febrero de este año. La polémica suscitada con Bildu, relativa a esta derogación, no es por tanto casual. No habrá derogación alguna, más allá de cambios cosméticos.

Ayudas a empresas en paraísos fiscales

Tanto PSOE como Podemos han manifestado que las empresas con sedes sociales en paraísos fiscales no pueden percibir fondos públicos. Esto fue una propuesta lanzada por el PSOE ante las elecciones del 26J de 2016 y es el apartado 259 del programa de Podemos, bajo el epígrafe «Garantías de Justicia Fiscal«. Si bien el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo que un fondo ICO de 4.000 millones donde se mencionaba expresamente que no accederán a él empresas con sede en paraíso fiscal, lo demás sigue todo igual y el llamado #EscudoSocial permite esta relación cordial entre el Estado y empresas evasoras tan conocidas como Aena, Bankia, Banco Santander o ACS.

Ley mordaza

El 30 de diciembre de 2019 se anunció la derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en el año 2015, pero es público y notorio que, de hecho, la llamada «Ley Mordaza» ha sido el instrumento represivo con el que el gobierno de coalición ha hecho efectivo un Estado de Alarma cuestionado por su posible inconstitucionalidad. PSOE y Podemos guardan silencio ni han vuelto a hablar del tema.

Condecoraciones a torturadores

El PSOE se comprometió en abril de 2019 que si llegaba al gobierno retiraría condecoraciones a los torturadores del franquismo como Antonio González Pacheco, alias «Billy El Niño», o a otros torturadores que perciben emolumentos por su condición de policías, y que han sido condenados por hechos similares. Fue llegar al gobierno y desdecirse. Podemos no ha formulado ninguna objeción a sus socios y de hecho, no ha habido mayores consecuencias más allá de algunos lamentos y actuaciones sin trascendencia. Irene Montero hizo un simulacro de lamento tras la muerte de González Pacheco que «la democracia ha llegado tarde«.

Bankia

El apartado 79 del programa de Podemos titulado «Impedir la inminente privatización de Bankia» donde se decía que «A través del rescate bancario, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan». En febrero, Iglesias se desdijo de lo dicho en su programa apostando por una entidad menor como el Instituto de Crédito Oficial, que carece de la red comercial e influencia en el mercado de Bankia.

Vivienda

Control de precios del alquiler, movilización de viviendas vacías retenidas por grandes tenedores, parque público y fin de los desahucios eran las promesas que ambas formaciones habían dejado entrever. El 21 de febrero, tras una reunión de Pablo Iglesias con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, su portavoz Alejandra Jacinto dijo que salió «preocupada porque no tienen en agenda medidas concretas«. La moratoria antidesahucios aprobada en su día por el PP, que afecta a 27.000 casos, ha sido prorrogada, pero el mercado sigue sin ser intervenido y la vivienda sigue siendo un bien inaccesible en gran medida.

Apuestas y juego

El PCE y fundamentalmente sus juventudes habían lanzado varias campañas durante los últimos dos años cuestionando la proliferación de casas de apuestas en barrios obreros, tachándolas de «la nueva heroína». Con Alberto Garzón ya en el gobierno como Ministro de Consumo (también militante del PCE), poco ha cambiado el escenario. El programa que llevaba adelante PSOE y Podemos era que el juego debía ser regulado «de manera similar a la de los productos del tabaco», algo muy lejano a las medidas adoptadas. De hecho, la asociación de consumidores FACUA, que había aportado una buena parte de la propuesta, denunció la nueva normativa como un incumplimiento del acuerdo de gobierno, hasta el punto que la revista decana de la patronal del Juego, AzarPlus, publicó tras las medidas un editorial elogiando a Garzón.

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