Oficialmente no se sabe cuántos trabajadores incluidos en un Erte siguen sin cobrar la prestación, muchos de ellos desde el mes de marzo. Según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos son 200.000, muy lejos de las cifras que maneja el Sepe que hace una semanas limitaba al 1 por ciento (34.000) los afectados por errores que todavía no han cobrado, una cifra en la que no coinciden los trabajadores del Sepe o el sindicato CSIF que la consideran más alta.
“Tras más de tres meses desde que se solicitaron los Erte no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar; nos preocupa que nos acostumbremos a escuchar las denuncias por parte de los trabajadores que no cobran, porque sin presión esta situación difícilmente se va a desatascar”, señala el presidente del colegio nacional, Fernando Santiago.
El Gobierno cifra en casi dos millones las personas que todavía siguen en Erte, después de que 1,4 millones se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo.
El 11 por ciento de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8 por ciento. De los Erte que han tramitado los Gestores Administrativos, el 6 por ciento se han justificado en causas económicas, técnicas, de producción u organizativas; el resto lo han sido por fuerza mayor.
Los Gestores denuncian que si no se adoptan nuevas medidas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE lo convertirán en un ERE antes de finalizar el año, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. “Es necesario tomar medidas urgentes que permitan a las empresas retrasar previsibles cierres y mantener los Erte”, señala Santiago. “En caso contrario, antes de finalizar el año vamos a encontrarnos con el peor escenario de paro, superando los 5.000.000 de desempleados”, remata el presidente de los gestores españoles.
El representante de los gestores considera que “el 46 por ciento de las empresas en Erte por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo, viéndose afectado el 33 por ciento de los trabajadores incluidos en dichos Erte”. El Gobierno ha prorrogado estos Ertes hasta el 30 de septiembre.
“Cuanto más se alarguen los plazos en los expedientes por fuerza mayor, siempre que se mantengan las ayudas iniciales, mayor número de negocios podrán resolver los graves problemas que ha provocado la pandemia”, finaliza Santiago.
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