Multimillonarias ayudas a las empresas sin recuperar los 42.000 millones del rescate bancario

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El Gobierno español pretende otorgar 72.000 millones a  empresas para el desarrollo de lo que denominan economía verde, modernización y digitalización de las empresas y, entre otras, mejora de las infraestructuras entre los años 2021 y 2023, aunque todavía no se ha recuperado -y no parecen tener prisa- más de 42.000 millones entregados para salvar a bancos y cajas de la anterior crisis de 2008. Se trata de otra gran inyección económica a las empresas a la que también se ha sumado el lehendakari Iñigo Urkullu para beneficiar a las grandes compañías.

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

Bajo la excusa de que si caían los bancos y las cajas de ahorros se desplomaría la economía, se trasvasaron 122.754 millones directos al rescate de bancos y cajas en diferentes fórmulas, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España. Al final, el coste del proceso de reestructuración bancaria, según el Tribunal de Cuentas español, alcanzó los 66.577 millones, de los que entorno a 42.000 millones se dan ya por perdidos para las arcas públicas, después de algunas devoluciones. En el conjunto de la UE el apoyo neto a los poderosos económicos se elevó a los 369.755 millones.

Hoy se estima que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus tendrá un efecto todavía más demoledor que la crisis de las “ hipotecas basura” de hace doce años. Algunos analistas económicos empiezan a avanzar que esta vez no serán las personas quienes no podrán devolver las hipotecas, sino las empresas, con lo que la historia reciente podría repetirse teniendo como protagonista a las empresas, si se dispara la morosidad el próximo año. La gravedad de la crisis económica causada por la pandemia ya tiene todos los síntomas para ser de mayor magnitud a la financiera de 2008.

Bajo esos antecedentes, la crisis de 2008 tuvo tres “patas” por así decirlo: rescate bancario y cambio de la Constitución española, como desarrolló José Luis Roríguez Zapatero (PSOE), para conseguir que primero se haría frente a la deuda que se preveía generar poniendo en orden la economía y, a la vez, dejando a las personas desamparadas al final de ese túnel. La segunda llegó bajo reformas laborales y de pensiones, tanto del PSOE (Rodríguez Zapatero) y PP (Mariano Rajoy), que han beneficiado a la élite empresarial al contar en sus manos con todos los instrumentos de control salarial y precarización de las condiciones laborales, que hacen que los beneficios empresariales crezcan y, en el lado opuesto, la clase trabajadora se empobrezca, como está ocurriendo. Estos cambios neoliberales a favor de la élite han llevado a un incremento de la pobreza, que continúa imparable y que con la actual crisis por la pandemia del coronavirus se agudizará.

“Saqueo”

La realidad es que después de rescatar a los bancos, ahora éstos tratan de saquear a los clientes. Hace unos días se conocía que BBVA cobrará 2 euros por retiradas de efectivo en ventanilla por un importe inferior o igual a 2.000 euros, y, por si no fuese suficiente, endurece los requisitos de las condiciones de su cuenta nómina.

Bancos y cajas han convertido en un gran negocio las comisiones que cobran a la clientela por un dinero que no les pertenece. Sin embargo, nadie les para los pies a pesar de que muchos de ellos no han devuelto las ayudas públicas, que sí se restaron a la población más necesitada, y, en cambio, siguen logrando enormes beneficios, además de desahucios a personas y familias que no pueden pagar sus hipotecas (casi 28.000 desde 2007 en Hego Euskal Herria).

Además continúan su proceso de fusión, que  acentúa el oligopolio de un sector en el que cinco entidades copan ya más de 68,5% del mercado, según datos del Banco Central Europeo (BCE). Antes de que se desencadenara la crisis, en 2007, controlaban el 41%. Sólo tres países de la Unión Europea han experimentado durante los últimos años un proceso de concentración mayor que el Estado español: Chipre, Letonia y Lituania. Ese porcentaje se superará cuando en 2021 sea realidad la absorción de Bankia por CaixaBank, que hará ascender al grupo de los cinco grandes a Bankinter.

Los datos son elocuentes. Los bancos, controlados por la Asociación Española de la Banca (AEB) en los últimos cinco años han logrado 45.369 millones de beneficios netos y han destinado a dotaciones y provisiones ante desequilibrios que puedan surgir otros 127.319 millones. En realidad, estos también son beneficios, aunque se apartan. En el primer semestre de este año han comunicado 11.531 millones de pérdidas, pero han reservado 26.518 millones a provisiones. La resta es fácil: siguen ganando, pese a la gran crisis económica.

Otro tanto ocurre con las antiguas cajas, dependientes de CECA. En 5 años  han logrado un beneficio neto de 16.855 millones y han desviado a dotaciones y provisiones un total de 6.458 millones. Este año, hasta junio ganaron 825 millones, cifra modesta respecto a otros años, pero han apartado 2.000 millones para los inconvenientes que puedan llegar por la crisis.

Por el momento, las entidades financieras españolas han aumentado su recurso “a la financiación de largo plazo del BCE en 113.661 millones entre marzo y julio, y en programas como los de crédito a empresas con avales parciales del ICO. La financiación ha aumentado en tasa interanual desde el 1,1% de marzo hasta el 6,1% en junio”, como indican Santiago Carbó Valverde y Francisco Rodríguez Fernández, de Funcas, en el último número de “Cuadernos de Información Económica”.

Más de 12 años perdidos

Mientras bancos y cajas recibieron una importante inyección económica del sistema público, a la clase trabajadora le regalaron reformas laborales que han permitido intervenir la negociación colectiva y desregular más el mercado laboral, empobreciendo al conjunto y precarizando los empleos a gusto de los empresarios. Todo ello, unido a unas reformas de las pensiones que ponen más trabas para contar con sueldos dignos, tras más de 35 años cotizando.

En este momento, en Hego Euskal Herria hay casi 16.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Suben y bajan al antojo de los empresarios, gracias a esas reformas laborales, que el Gobierno bipartito de Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos Unidas) prometió derogar, pero no llega nunca.

Con la crisis por la pandemia del coronavirus el empleo se ha hundido, pero la realidad indica en todos estos años que la temporalidad de los contratos siempre supera el 92% del total, que más de la mitad de los contratos no tienen una duración de un mes y, además, el 37,5% de los contratos temporales son a tiempo parcial por una duración inferior a 7 días. Precariedad pura y dura. Se calcula, por otro lado, que en Hego Euskal Herria un 15% de los trabajadores es pobre. Sí se levanta cada día para ir a trabajar, pero no cuenta con unos ingresos que sobrepasan el umbral de la pobreza.

Un estudio de la UPV/EHU analiza qué efecto tuvieron las reformas laborales al reducir los costes de despido y favorecer los contratos temporales, realizado entre dos miembros del Departamento de Economía Aplicada V de la UPV/EHU, Josu Ferreiro y Carmen Gómez, y un profesor de la Universidad de Cambridge, Philip Arestis.

Analiza el efecto real de las reformas laborales aplicadas entre 1988 y 2012 en países de toda Europa. Han visto que lejos de cumplir el objetivo de favorecer la contratación, estas reformas han hecho “aumentar la tasa de temporalidad y reducir la contratación indefinida”.

Sin embargo, nos vamos al otro lado de la balanza y comprobamos que las empresas no financieras siguen forrándose. Desde 2008 al 2018, que es el último año cerrado publicado por la Central de Balances del Banco de España, consiguieron un beneficio ordinario neto de 663.766 millones. Y, por otro lado, las empresas cotizadas en la Bolsa española repartieron desde el 2008 hasta agosto de 2020 un total de 368.592 millones en dividendos.

Más pobreza

La tercera pata de la crisis de 2008 es la pobreza. Mientras los beneficios económicos abundan entre unos pocos que, además reciben ingentes cantidades en ayudas públicas como el rescate bancario y otras a la vista, los últimos datos de 2019 confirman que las personas en riesgo de pobreza (tasa europea AROPE) han aumentado en Hego Euskal Herria en un 9,85%, en 34.806 personas hasta las 388.003. Están en pobreza real: 267.942 personas y 132.281 están en pobreza severa, con un incremento del 42% respecto a 2008, según la Red Europea contra la Pobreza (EAPN). Hay que añadir que esta situación ya está desbordada en 2020 por la crisis del coronavirus, lo que elevará la gravedad para muchas personas.

En este caso, hay que recordar que un 22,6% de los y las pensionistas de la CAV se encuentra sumido en la pobreza y un 10,7%, en pobreza severa. En Nafarroa, la pobreza alcanza al 24,2% de las y los pensionistas y el 11,2% en lo que se refiere la pobreza grave.

Nos encontramos en una situación insostenible para una parte importante de la población. Mientras tanto, parece no importar recuperar los más de 42.000 millones que las entidades bancarias no han devuelto del rescate que se inició hace una década y, a la vez, se vuelve a poner mucho dinero sobre la mesa para que la élite económica siga ganando más.

Urkullu, con la élite

El “Plan de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, va a movilizar en los próximos tres años “el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones y además cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión ‘verde’ representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%”, como explicó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace unas semanas.

En este ámbito, el Ejecutivo de Gasteiz con el apoyo de la empresa PwC, ha presentado 66 proyectos por un valor global de 11.603 millones, más de la mitad se lo llevan grandes empresas como Iberdrola, Petronor, Gestamp, que quiere cerrar dos plantas en este momento, y operadoras de telecomunicaciones con proyectos 5G. También se encuentran actuaciones del TAV de entrada a las capitales, que ya estaban proyectados. El lehendakari Iñigo Urkullu quiere acceder a esos fondos europeos para esa obra cuestionada a nivel social y ecológico.

Otros proyectos son la reconversión de la nuclear de Lemoiz en piscifactoría, el Guggenheim de Gernika y, entre otros, 5 parques eólicos y uno fotovoltaico de Iberdrola.

En definitiva, hay dinero para la élite empresarial, mientras la clase obrera sufre las condiciones laborales y crece la pobreza, mientras que cada cierto tiempo vemos informes que indican que durante la crisis los ricos en el Estado español aumentaron un 40%. Un dato que siempre han manejado las haciendas forales vascas: si en el Estado español crecen los beneficios empresariales un 20% en el ámbito vasco supera entre un 10% y un 15% ese porcentaje.

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