Yoselina Guevara López.— Bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha aplicado a los inmigrantes de todas las nacionalidades, pero sobretodo a los latinoamericanos, una política migratoria absurda, cruel e inhumana, que ha desintegrado a familias enteras, que ha sometido a niños y niñas a traumas de separación de sus padres que posiblemente llevarán por el resto de su vida, entre otros desmanes.
Hasta ahora son más de 500 los menores de edad de los cuales no se tiene información del paradero de sus progenitores, y que fueron apartados por la Policía norteamericana cuando intentaban cruzar la frontera mexicana para llegar a Estados Unidos. Ya han pasado más de dos años cuando los titulares de la prensa mundial mostraban las imágenes de migrantes encerrados en cárceles, y sus hijos e hijas en centros de acogida en territorio norteamericano atrapados en jaulas, como animales. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en declaraciones ha afirmado que “los padres no quieren que los niños regresen”. Pero ya anteriormente un grupo de abogados designado por un tribunal federal para reunir a los pequeños con sus familiares había admitido que no ha podido localizar los padres de 545 niños separados a la fuerza.
La pesadilla del sueño americano
En mayo de 2018 la Casa Blanca anunció la ley antimigración denominada “Tolerancia cero”, que introdujo el procesamiento penal de los migrantes por delitos menores para los recién ingresantes y por delitos graves para aquellos que ya habían sido deportados. Como resultado de la aplicación de la medida se produjeron miles de procesamientos, con un igual número de niños y niñas separados forzosamente de sus padres, cientos de ellos de menos de cinco años, inclusive bebés. Para los migrantes el sueño americano se convertía en una pesadilla; los adultos y adultas eran detenidos por la Policía de frontera y ubicados en “hieleras”, celdas superpobladas donde la temperatura se mantenía adrede a niveles extremadamente fríos o en jaulas grandes llamadas “perreras”. El maltrato a los menores de edad fue, por decir lo mínimo, despiadado, se les encerraba en jaulas, obligándolos a dormir en el suelo, con una cubierta aluminizada, sin acceso diario a productos de higiene y con pocas raciones de alimentos. Solo se les daba dos comidas completas al día, que consistían en pequeñas porciones de pasta y sándwiches congelados, que no cumplian los requerimientos nutricionales para su tierna edad. Las fotografías emitidas por las agencias de noticias revelaron el estado de desnutrición de los pequeños y la existencia de estos verdaderos y propios campos de concentración de migrantes en la era moderna, en territorio y bajo el auspicio de los Estados Unidos un país, que tiene la desfachatez de considerarse del primer mundo.
Posteriormente se determinó judicialmente que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos había engañado a los padres de los menores, haciéndoles creer que si abandonaban el país podrían reencontrarse con sus hijos; de ese modo, muchos de ellos fueron obligados a aceptar la deportación. De hecho, aproximadamente 430 padres fueron deportados de los Estados Unidos sin sus hijos, algunos a remotas regiones de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
El fin de la tolerancia cero
Finalmente, el 20 de junio de 2018, el presidente Trump decidió firmar el decreto que ponía fin a la cruel política migratoria de “Tolerancia cero”, ante todo por la presión internacional, la condena de diferentes dirigentes políticos, la desaprobación y rechazo de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), la indignación de líderes religiosos de distintos credos y religiones, y el propio repudio de la primera dama norteamericana. Pero este documento no contempla un resarcimiento a las víctimas de estos tratos inhumanos, que llevarán por siempre las secuelas de las humillaciones que injustamente recibieron.
Además de ello, en un principio Trump se negó a facilitar la reunificación de las familias hasta que fue obligado a hacerlo como producto de un proceso iniciado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ante la Corte Federal. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos admitió ante la Corte no haber guardado registros de los niños y niñas separados de sus padres. Inicialmente el organismo informó la separación de dos mil 500 niños, pero estadísticas publicadas revelaron que entre abril y agosto de 2018 el número de familias separadas fue de seis mil 22, una cifra que puede estar aún en ascenso.
