Nuria Barbosa León.— Mientras el mundo lucha por vencer a la pandemia por COVID-19, las potencias occidentales, y en especial Estados Unidos, continúan en su política de sanciones extraterritoriales hacia países subdesarrollados porque los gobiernos no responden a sus intereses.
Una de esas naciones, Zimbabwe, en la década de los 80, inició una reforma agraria para distribuir las tierras de forma equitativa entre sus pobladores con el propósito de corregir los desequilibrios causados por el colonialismo del Reino Unido durante varios siglos.
Las medidas gubernamentales implementadas creó disgusto a los terratenientes, usurpadores de territorios, quienes por diversos mecanismos internacionales lograron imponer sanciones al nuevo gobierno elegido después de proclamada la independencia en 1979.
En la actualidad aún persiste el castigo, a pesar del azote del nuevo coronavirus ya que las instituciones multifinancieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo siguen sin poder proporcionar a Zimbabwe líneas de créditos, préstamos y reprogramación de deudas que son fundamentales para el desarrollo de cualquier nación.
Así lo reconoció el embajador en La Habana Ignatius Graham Mudzimba, en un acto con motivo a la jornada en demanda del levantamiento de las ilegales sanciones a países del sur por parte de EE.UU y sus aliados, que cada año celebran las naciones africanas el 25 de octubre, patrocinada por la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) e integrada por Mozambique, Angola, Sudáfrica, Zimbabwe, Tanzania, Egipto, Namibia y Seychelles.
El diplomático denunció el actuar de la Casa Blanca que prohíbe el movimiento de dinero y penaliza a los bancos por procesar tales transacciones: «En abril de 2019, el Standard Chartered Bank pagó 18 000 000 de dólares en multas al gobierno de EE.UU por procesar transacciones del estado de Zimbabwe», ejemplificó.
Por tales razones, Graham Mudzimba pidió apoyo de todo el mundo para exigir la eliminación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a los países del sur, incluido Cuba. En la voz del embajador de Mozambique Eliseu Joaquim Machava, en la presidencia pro tempore de la SADC, también expresó la solidaridad hacia los países sancionados y exigió el levantamiento a las injustas medidas injerencistas.
Dijo que tales sanciones son un verdadero impedimento para el progreso de los países subdesarrollados, además de ser un atentado al principio del derecho de la autodeterminación: «La SADC continúa firme en la búsqueda de soluciones para la eliminación de obstáculos, a modo de garantizar el desarrollo de actividades socioeconómicas en los países miembros teniendo como objetivo la creación del bienestar en las poblaciones».
