Vuelta de tuerca en los abusos del Estado: ¿A la cárcel por difundir imágenes de un desahucio?

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Solicitan cuatro años y medio de cárcel para un joven que se atrevió a documentar un desalojo

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Las evidencias apuntan que toda la legislación española se estaría afinando para ejercer como una auténtica mordaza, preparada para reprimir con mucha mayor dureza cualquier expresión de descontento popular (…).

El joven Diego Catriel, que se enfrenta a una posible condena de 4 años y medios de cárcel por grabar y difundir las imágenes de un desahucio

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.—    Más que una sola ley, impuesta bajo el eufemístico nombre de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la “Ley Mordaza”, las evidencias apuntan que toda la legislación española se estaría afinando para ejercer como una auténtica mordaza, preparada para reprimir con mucha mayor dureza cualquier expresión de descontento popular.

Además de las numerosas multas y condenas impuestas concretamente bajo el paraguas de la Ley Mordaza, recientemente reforzada por el Tribunal Constitucional, continúan acumulándose las sentencias de diversos juzgados que se orientan en esta dirección.

El último caso conocido que corrobora esta tendencia se ha producido a raíz del desahucio efectuado  el  26 de marzo de 2019 en el Barrio del Alamín, ubicado en Guadalajara.

Según explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de esta localidad, “una Comisión Judicial acudió, rodeada de agentes de la policía local y nacional de Guadalajara, a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en la que vivían una pareja de jóvenes de 17 y 19 años, y un bebé de pocos meses”.

“El desahucio – recuerdan – se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres. Varios vecinos y activistas de la PAH, sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo”.

“La respuesta de la Administración – denuncian desde la Plataforma – ha sido contundente: el delito no es dejar a una familia en la calle, el delito es señalar a los responsables. La Fiscalía Provincial de Guadalajara solicita para Diego Catriel, uno de los activistas de ese barrio, una pena de cuatro años y medio de prisión por fotografiar y difundir las imágenes de los agentes judiciales”.

“En una decisión insólita y que trascendió a la prensa nacional como un acto de descarada censura -añaden –  el Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara ordenó a Twitter borrar una de las fotografías obtenidas en aquel desahucio y prohibió a la PAH, con carácter general, tomar fotografías de desahucios donde intervengan los agentes judiciales. Asimismo, requirió a la red social el listado de activistas que hacían uso de la cuenta de la PAH de Guadalajara”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que “ésta es la respuesta de la Administración cuando se denuncia un acto de barbarie, como es el dejar a una familia con un bebé en la calle”.

“Esta limitación y reducción del espacio para denunciar e informar de los abusos que practica al Estado representa – advierten – una de las amenazas más graves para la defensa del derecho a la información, y también a la protesta. Aplicar el tipo penal de la llamada “revelación de secretos” a cualquier abuso que las personas puedan documentar y difundir abre la puerta a que esos abusos se generalicen, como está sucediendo”.

La Plataforma recuerda, asimismo, que “el aumento de los procesamientos en virtud del artículo 197 del Código Penal se produce en un contexto en el que el marco para señalar a los responsables de los abusos es cada vez más estrecho”.

“El contexto de crisis económica que partió en 2008 y que se viene agudizando especialmente desde 2018, lleva aparejado un incremento de la acción estatal orientada a prevenir movimientos sociales y estados de opinión contrarios a las medidas que hay puestas en marcha”.

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