El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha advertido que las sanciones impuestas este lunes por China contra un grupo de diputados y entidades del bloque comunitario “tendrán consecuencias”.
“Las sanciones de Pekín contra eurodiputados, el Subcomité de Derechos Humanos y organismos de la UE son inaceptables y tendrán consecuencias”, escribió Sassoli en su cuenta de Twitter.
Según el presidente del Parlamento Europeo, China impuso sanciones contra funcionarios europeos “por expresar opiniones en el ejercicio de su deber democrático”, y también destaca que “los derechos humanos son derechos inalienables“.
Las sanciones de China
Este lunes el Ministerio de Exteriores de China anunció la imposición de sanciones contra 10 personas y cuatro entidades del bloque comunitario, a las que acusó de dañar gravemente la soberanía y los intereses del gigante asiático, así como de difundir “maliciosamente mentiras y desinformación“.
Entre los sancionados por Pekín se encuentran cinco miembros del Parlamento Europeo, así como un diputado del Congreso de Países Bajos, uno del Parlamento belga y otro legislador lituano. A esas personas que integran la ‘lista negra’ del país asiático, así como a sus familiares se les prohíbe ingresar al territorio de China continental, Hong Kong y Macao. Asimismo, las empresas y organizaciones asociadas con ellos tienen prohibido hacer negocios con China.
La medida del gigante asiático se dio en respuesta a una medida similar adoptada por la Unión Europea, por los supuestos abusos de derechos humanos a los que Pekín somete a la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang.
EE.UU., Reino Unido y Canadá
Este mismo lunes, EE.UU. anunció que impondrá sanciones contra dos funcionarios chinos vinculados a Sinkiang, una región autónoma al noroeste de China donde Washington dice que la población musulmana de etnia uigur está siendo víctima de genocidio. Mientras que el Reino Unido y la UE impusieron medidas punitivas contra cuatro funcionarios chinos, incluidos dos de los sancionados por EE.UU., acusándoles de detenciones masivas, violaciones sistemáticas de la libertad de religión y otros abusos de los derechos humanos supuestamente perpetrados en Sinkiang.
Siguiendo el paso de sus aliados, Canadá anunció la imposición de las mismas restricciones para esas cuatro personas.
