Ramona Wadi.— El 11 de septiembre de 1973 en Chile trajo un final brutal al gobierno socialista de Salvador Allende. A su paso, la violencia impregnó a la sociedad chilena, a través del golpe militar respaldado por Estados Unidos, que proporcionaría una inspiración espantosa para la posterior vigilancia regional sistemática, consistente en la eliminación de socialistas y comunistas, conocida como Operación Cóndor, en la que participaron varios países latinoamericanos.
Las detenciones masivas de chilenos leales a Allende y la política socialista se convirtieron en una larga purga en el país. La Caravana de la Muerte -uno de los operativos anteriores de la dictadura para sembrar el terror en el país- se llevó a cabo a raíz del golpe, entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973, luego de asegurar Santiago mediante brutales represiones, torturas y asesinatos.
La purga del dictador Augusto Pinochet tenía como objetivo silenciar la disidencia en todo el país, y también asegurar la lealtad de los militares hacia la dictadura: cualquier negligencia o indulgencia exhibida por cualquier individuo sería castigada con métodos utilizados contra los chilenos disidentes. El fin último, según el teniente coronel retirado Marcos Herrera Aracena, era “acabar con los procesos judiciales restantes… es decir, acabar con ellos de una vez por todas”.
Las masacres de la Caravana de la Muerte están consideradas entre las más brutales no solo por los métodos de exterminio involucrados -en ocasiones los cadáveres eran irreconocibles debido a los apaleamientos- sino también porque muchos chilenos se entregaron voluntariamente para ser interrogados.
Los oficiales del Ejército viajaron en helicópteros Puma por todo Chile, inspeccionando los centros de detención y dando órdenes de ejecución, o realizando ellos mismos las ejecuciones. Un testimonio de La Serena, región del norte chileno, indica que 15 presos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento y sus cuerpos enterrados en una fosa común. Para evitar cualquier posible difusión del conocimiento, al menos en los momentos inmediatamente posteriores, la versión oficial difundida por la dictadura fue que los presos habían intentado una fuga.
Si bien al principio la dictadura parecía inflexible en dar a conocer su brutalidad para sofocar cualquier resistencia, los métodos más refinados de desapariciones y lugares secretos de exterminio aceleraron una cultura de impunidad y olvido.
Las masacres de Calama, la última parada de la Caravana de la Muerte, fueron un ejemplo de ello. Los familiares de los desaparecidos buscaron información sobre el paradero de sus seres queridos sin éxito. Fueron las mujeres familiares de los desaparecidos en Calama quienes tomaron el asunto en sus propias manos y comenzaron a buscar físicamente los cuerpos de sus seres queridos en el desierto de Atacama.
La dictadura había prohibido cualquier filtración de información debido a la magnitud de las mutilaciones a las que habían sido sometidas las víctimas por parte de los escuadrones de ejecución. A medida que aumentaba la capacidad de resistencia de las mujeres, la Comisión Rettig estableció que 75 chilenos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecieron durante todo el operativo, encabezado por el General de Brigada Sergio Arellano Stark, y con la participación de los agentes Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Armando Fernández Larios y Pedro Espinoza Bravo.
Todos ellos desempeñaron un papel destacado en la tortura y desaparición de opositores a la dictadura durante el gobierno de Pinochet. Contreras encabezó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Brito supervisó las torturas en Villa Grimaldi, mientras que Fernández Larios estuvo involucrado en el asesinato del economista y diplomático chileno Orlando Letelier en Washington, perpetrado por el doble agente de la DINA y la CIA, Michael Townley.
Aunque acusado por el juez Juan Guzmán Tapia el 1 de diciembre de 2000 por ordenar los asesinatos de la Caravana de la Muerte, el dictador Pinochet escapó de la justicia por supuestos motivos de salud. En relación con la memoria y la ruptura de la dictadura, la Caravana de la Muerte se erige como una advertencia de lo que se desataría en Chile a lo largo del gobierno de Pinochet y sus secuelas.
Particularmente en Calama, la resistencia de las mujeres contra la dictadura puede verse como una de las primeras expresiones contra el olvido nacional a través del cual Pinochet intentó aplastar cualquier cuestionamiento, y mucho menos investigaciones, sobre los crímenes de la dictadura.
