El 18 de septiembre de 2001, una semana después de los hechos del 11 de Septiembre, el Congreso de Estados Unidos aprobaba, gracias al voto conjunto de republicanos y demócratas, la Ley Pública 107-40, donde se estipula:
«El Presidente está autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra las naciones, organizaciones y personas que él considere que planificaron, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, o que hayan dado refugio a esas organizaciones o personas, con el objetivo de prevenir todo futuro acto de terrorismo internacional contra Estados Unidos de parte de esas naciones, organización o personas.»
Esa ley, que confirió al presidente republicano George W. Bush plenos poderes de guerra, había sido redactada por el senador demócrata Joe Biden, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El presidente George W. Bush se veía así autorizado por el Congreso, en nombre de la «guerra contra el terrorismo», a utilizar la fuerza militar no sólo contra organizaciones o personas sino incluso contra naciones enteras, cuya culpabilidad sería simplemente decretada por él mismo, investido de la autoridad para emitir una sentencia sin juicio e inapelable, y ordenaba la inmediata ejecución de los “culpables” mediante una guerra.
Sólo dos senadores han venido solicitando desde hace tiempo la anulación de esa ley: el demócrata Tim Kaine y el republicano Todd Young.
Pero no han tenido éxito. La ley del 18 de septiembre de 2001 sigue vigente y, después del presidente republicano George W. Bush, la han utilizado sucesivamente el presidente demócrata Barack Obama, el republicano Donald Trump y, ahora, el demócrata Joe Biden, quien antes fue vicepresidente en la administración Obama. Se calcula que esa ley ya ha sido utilizada para “legitimar”, durante los últimos 20 años, operaciones militares efectuadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos –por orden presidencial– en al menos 19 países, como Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Túnez, Kenya, Mali, Nigeria, Somalia, Camerún y Níger.
Tres semanas después de la adopción de esa ley, el presidente George W. Bush ordenaba atacar e invadir Afganistán, oficialmente para capturar a Osama ben Laden, protegido por los talibanes. Tres meses después ordenaba la apertura de la prisión de Guantánamo, donde llegaban deportados y eran torturados presuntos terroristas de diferentes partes del mundo. Año y medio más tarde, en respuesta a una solicitud de 77 senadores republicanos y demócratas –encabezados por Joe Biden– George W. Bush ordenaba atacar e invadir Irak, acusando a ese país de poseer armas de destrucción masiva, acusación que posteriormente resultó ser falsa. También ordenó aplastar la resistencia con mano de hierro, lo cual quedó confirmado por las imágenes de las torturas aplicadas en la cárcel de Abu Ghraib –reveladas en 2004.
También basándose en la ley de 2001, que lo autorizaba a «utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada», el presidente Barack Obama autorizaba la CIA –diez años después– a realizar operaciones secretas en Libia para preparar la guerra de la OTAN, que destruiría el Estado libio.
Utilizando el mismo procedimiento “legal”, según documentaba el New York Times el 29 de mayo de 2012, se instituyó bajo la administración Obama la llamada «kill list», actualizada semanalmente, en la que se enumeran las personas de todo el mundo secretamente condenadas a muerte bajo la acusación de terrorismo, personas que –previa aprobación del presidente de Estados Unidos– son físicamente eliminadas, generalmente recurriendo al uso de drones asesinos. Ese fue el procedimiento utilizado en enero de 2020 por el presidente Donald Trump, al ordenar el asesinato del general iraní Qassem Suleimani, alcanzado por un drone estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Ataques similares con drones estadounidenses también han sido “legalmente” autorizados en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen.
El ataque más reciente de un drone asesino fue realizado, con autorización del presidente Joe Biden, el 29 de agosto pasado, en Kabul, contra un vehículo que supuestamente transportaba explosivos para Daesh. Una investigación publicada el 10 de septiembre en el New York Times reveló que el vehículo –que el operador del drone había seguido por mucho tiempo, a miles de kilómetros de distancia– no transportaba explosivos sino depósitos de agua. Pero el vehículo fue volado –en medio de un barrio densamente poblado– por un misil estadounidense Hellfire (literalmente, “Fuego del Infierno”), que mató 10 civiles, entre ellos 7 niños.
Manlio Dinucci
