Guillermo Lasso ha propinado un nuevo golpe a la educación y a la salud al ratificar la proforma propuesta por el gobierno, vía el ministerio de la ley, en la que se plantea la reducción de USD 218.66 millones para salud pública y USD 311.47 millones para educación general y superior. Ante este hecho, las organizaciones de la comunidad educativa preparan nuevas acciones, entre ellas, el Encuentro nacional en defensa de la educación pública, a realizarse el 13 de enero del 2022 en la ciudad de Quito. En el encuentro, que contará con la participación de docentes, trabajadores y estudiantes secundarios y universitarios, se definirán acciones de lucha, una vez que el Gobierno ha dejado claro que aplicará, a toda costa, su política neoliberal frente a la salud y educación pública.
Varios sectores, entre estos de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) y Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), Federación de Profesores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (FEPUPE), Federación Nacional de Servidores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (FENASUPE), Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador, Comité de Estudiantes Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador, Coordinadora de Estudiantes sin Cupo se pronunciaron en contra del recorte al presupuesto para salud y educación, previstas por el gobierno, incluso se produjeron movilizaciones en contra de esta medida antipopular.
Ante estas demandas, la Asamblea Nacional, luego de varios debates, ratificó las observaciones a la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025, con 96 votos afirmativos. Sin embargo, como se está volviendo práctica del régimen, este se ha hecho de oídos sordos e impone su proforma de manera arbitraria, sin tener en cuenta la opinión del legislativo y la comunidad educativa.
Reducir la inversión en educación es atentar contra el futuro de millones de niños, niñas y adolescentes, esto afectará de manera directa varias áreas que necesitan atención urgente, el recorte implica: -No existirá aumento de cupos para bachilleres que buscan ingresar a la educación superior.
- – Menos presupuesto para mejorar la infraestructura educativa, elemento urgente en el retorno presencial a las aulas.
- -Se pone en riesgo programas de alimentación escolar, dotación de textos, uniformes y apoyo a estudiantes en situación de riesgo.
- -Varias conquistas, alcanzadas con la reforma a la LOEI, corren serio peligro de no concretarse por falta de recursos.
- – Menos becas para las universidades de pregrado y postgrado.
- -Menos recursos para investigación y planta docente, tanto en el nivel de educación general como en el superior.
Educación y salud son derechos constitucionales. La educación potencia la salud y, a su vez, la salud potencia la educación; relación que lleva a posicionar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios; mucho más ahora, en el actual contexto en el que se está retornando progresivamente a las aulas. Los recursos económicos son fundamentales y constituye responsabilidad del Estado garantizar el pleno ejercicio de estos y otros derechos humanos.
