El presidente Guillermo Lasso inició el año con la exigencia de llevar a cabo sus proyectos más anhelados: la reforma laboral y la privatización de recursos estratégicos del Estado. Empero, los cambios a las relaciones laborales que manifiesta Lasso implican la precarización laboral, la modificación de las formas de contratación, la eliminación de beneficios sociales, entre otras, que responderían tanto a los mandatos del FMI como a las exigencias de los empresarios.
El Frente Unitario de Trabajadores, desde hace varios años, ha trabajado en una propuesta de Código de Trabajo que modifica el vigente, y que no está acorde a las necesidades de garantizar el derecho social del trabajo. Esta propuesta de Código recoge muchas de las necesidades y anhelos de los trabajadores, quienes han sido los principales golpeados por la crisis económica y sanitaria desde hace varios años, y que mira al trabajo como una necesidad y un derecho social.
Durante el año 2020, las decisiones que el gobierno ecuatoriano tomó en materia laboral permitieron que más de medio millón de trabajadores fueran despedidos, se reduzcan sus sueldos y sus jornadas, beneficiando a los grandes empresarios, sin que aquellos despidos significaran una mejora en la economía de los trabajadores, al contrario, precarizan sus condiciones de vida.
En números anteriores, En Marcha hizo un primer análisis del Código de Trabajo propuesto por el FUT, para resaltar los derechos de los y las trabajadoras a la remuneración mínima, la afiliación a la seguridad social, estabilidad laboral, respeto a las jornadas de trabajo y descanso, libertad de organización e indemnizaciones justas en caso de despido. La propuesta contempla, además, el reconocimiento de los principios constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, la progresividad y no regresividad. De esta manera, se garantiza que los derechos conquistados por los trabajadores a través de la lucha que se encuentran establecidos en la Constitución y reconocidos por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, se cumplan a cabalidad, como el acceso a la seguridad social, una jornada laboral digna, un salario justo, así como estabilidad en el puesto de trabajo y otros derechos.
El Código de Trabajo propuesto por el FUT plantea la reducción de la brecha de género y la incorporación de grupos históricamente excluidos como un compromiso con los y las trabajadoras, por ejemplo, el trabajo adolescente y juvenil, la cuota de personas trans en el trabajo, las licencias de maternidad, paternidad y cuidado de las mujeres embarazadas o personas en estado de gestación, entre otros. De esta manera, da respuesta a la deuda histórica que mantiene el Estado con las mujeres, los grupos LGBTI, los jóvenes, a la par que reconoce los derechos por los que varias generaciones han luchado.
El proyecto de reformas laborales propuesto por Lasso no modificaría el Código de Trabajo vigente, pero establecería nuevas modalidades de empleo que precarizarán la relación laboral con los nuevos empleados, a quienes no se les permitirá acceder a los derechos que le corresponden, de acuerdo con la Constitución. Entonces, es responsabilidad de la Asamblea Nacional el debatir y aprobar una ley que no implique reducción de los derechos, o que cree instrumentos jurídicos paralelos que favorezcan a los empresarios en detrimento de los trabajadores. La responsabilidad de estos es luchar para que la ley que se apruebe garantice sus derechos.