La educación pública al servicio del capital

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Gloria Marrugat.— El pasado mes de marzo los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación pública de Catalunya convocaron una huelga de educación de 5 días (15, 16, 17 y 29, 30). Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial son los que obtienen más de un 10 % de los votos en las elecciones sindicales para ejercer el derecho del personal docente a la negociación colectiva, en este caso USTEC, I-CSC, CC. OO. y ASPEPC, además de UGT (sin tener los votos), ya que junto con CC. OO. tienen la condición de “más representativos”, lo cual les da acceso a cualquier tipo de representación sindical independientemente de los votos obtenidos.

 

A la convocatoria unitaria de huelga se sumaban además los sindicatos USOC y CGT.

Des de el primer momento, tanto los representantes del Govern como los medios de comunicación catalanes se lanzaron a deslegitimar los motivos de la huelga, reduciéndola al anuncio del cambio de calendario escolar que adelanta su inicio una semana en septiembre de 2022.

Pero como se gritaba en los piquetes y manifestaciones en las calles durante los días de huelga, son muchas las razones que han llevado a decenas de miles de docentes a organizarse para secundar la huelga.

En Catalunya hay alrededor de unos 100.000 docentes y unos 30.000 lo son en régimen de interinaje, la gran mayoría en fraude de ley.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de educación catalana han mostrado de diversas formas a lo largo del último año su disconformidad con el proceso derivado del decreto conocido como “icetazo” para la estabilización del funcionariado de la administración pública, que la UE exige al Gobierno de España a cambio de los fondos de recuperación.

Aunque las huelgas convocadas para este motivo, solo han sido secundadas por 2 de los sindicatos no representados en ella (IAC y CGT). Y tampoco tienen en cuenta los sindicatos representados todos los puestos de trabajo temporales que deberían ser fijos del resto de profesionales de la educación, como el caso de la educación infantil, los refuerzos a la educación especial o la integración y la educación social, entre otros.

Además, también son históricas las demandas de reversión de los famosos “recortes” realizados en 2010 a los servicios públicos en general, pero sobre todo los que se traducen en peores infraestructuras y condiciones generales y laborales del sector educativo.

Pero al final, la gran demanda de la mayor parte de la sociedad que quedó patente en esa huelga, es que tanto las familias como quien trabaja vocacionalmente en la educación, no queremos el modelo de educación que nos impone el sistema capitalista en el Estado español, donde gobierne quien gobierne, tanto en el gobierno central como en los autonómicos, el que se impone es un modelo de educación neoliberal que despersonaliza e individualiza a nuestras generaciones más jóvenes, despojándolas de su esencia humana relativa a la conciencia colectiva, la solidaridad y el conocimiento científico a su servicio, además de reducir a la mínima expresión los recursos destinados a ella.

A partir de la huelga, se han creado asambleas docentes unitarias por territorios, independientes de los sindicatos, una interesante estructura que esperemos sirva para organizar mejores respuestas en los cursos siguientes. El sacrificio hecho este mes de marzo, no puede ser en vano.

La respuesta del Conseller de educación y del President de la Generalitat ha dejado claro que en el ámbito educativo y de servicios públicos comparten las directivas europeas neoliberales para la educación con el Gobierno de España y ante eso, solo cabe la organización y la lucha populares para conseguir que la educación pública esté al servicio del pueblo trabajador.

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