“No se trata del monto de la multa, que es menor, ni de la falta penal por la que se me sentencia, se trata que mi detención se efectuó mientras estaba trabajando, con mis credenciales de periodista a la vista, y por estar cubriendo las noticias que se estaban produciendo en las calles de Santiago, a tres años de la revuelta social”, señala Trejo.
La corresponsal de Sputnik y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (FCEI) se encontraba ese 18 de octubre en las cercanías de la Plaza de la Dignidad grabando las manifestaciones convocadas en ese lugar, al momento de ser detenida por Carabineros (policía militarizada), y trasladada a la Tercera Comisaría de Santiago.
Trejo fue liberada horas después, cuando la noticia se difundió y distintos sectores exigieron su libertad inmediata. Su detención fue ampliamente difundida en Chile y rechazada por distintas entidades gremiales y académicas del país sudamericano, así como a nivel internacional.
El Colegio de Periodistas de Chile, tras conocer de la detención, junto con denunciar la ilegalidad de su arresto demandó su inmediata libertad. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile también condenó el hecho y repudió el actuar de Carabineros en contra de las y los profesionales de la prensa que están cumpliendo con su deber de informar.
Preocupa lo sucedido con la periodista de @SputnikMundo en Chile Carolina Trejo. No queda claro qué argumentos a su detención. Exigiremos desde @FEPALC un respuesta clara a las autoridades chilenas. https://t.co/ccK9v7vX8D
— Fabian Cardozo (@facardozo) October 19, 2022
🔴 Rechazamos detención ilegal de la periodista Carola Trejo quien estaba a las afueras del GAM y se encuentra en la 3ra Comisaría de Santiago. Junto a Codepu estamos activando protocolo de protección a la prensa.
— Colegio Periodistas de Chile (@ChilePeriodista) October 18, 2022
El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas exigió ese mismo día la liberación de Carolina Trejo y denunció la falta de información sobre su paradero pasadas algunas horas de su arresto, que se produjo acerca de las 18.25 de la tarde.
“Exigimos la libertad inmediata de nuestra colega Carolina Trejo. Y denunciamos a Carabineros de Chile por negar sistemáticamente su paradero. Sabemos que está en la Tercera Comisaria, pero no aparece en sus registros”, escribieron desde la entidad, mencionando en la publicación al Ministerio del Interior.
Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), dijo a Sputnik que “vemos con preocupación que se detenga a esta colega que estaba realizando su trabajo. Repudiamos la acción de la Policía. No entendemos la intención por la cual se la detiene. Exigimos inmediatamente su liberación”.
Sospechosa omisión de antecedentes
Al cumplirse casi un mes de su detención, el 11 de noviembre la periodista fue notificada en su domicilio de la decisión judicial que la sentencia, “como autor de una falta penal de desobediencia policial”, a pagar una multa de 1/3 Unidad Tributaria Mensual (UTM), correspondiente a unos 70 dólares.
Si bien, como señala la profesional, la multa es menor, son los detalles de la acusación presentada por la fiscalía en su contra,y que se puntualizan en el escrito, los que resultan preocupantes, al existir una clara omisión de antecedentes claves de lo ocurrido esa tarde del 18 de octubre de 2022.
“Lo absurdo, por no decir sospechoso, es que el juez de garantía, que acoge el requerimiento presentado por la fiscalía y resuelve la multa, lo hace sobre la base de la información entregada por el fiscal, que al momento de individualizarme detalla todos mis datos: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento y la dirección de mi domicilio, pero respecto de mi profesión u oficio indica que: se ignora. Es decir, que extrañamente solo se desconoce mi profesión”, recalca Trejo.
Para la profesional esto “resulta además inexplicable”, no solo por las circunstancias en que se produjo la detención, sino porque en su documento de identidad, que es necesario tener para poder realizar cualquier procedimiento judicial, policial e incluso comercial, aparece especificada su profesión.
“Es un dato que está a la vista de cualquier funcionario público, de Carabineros, del fiscal, del propio juez. Está impreso en la cédula de identidad, no es algo que tengan que averiguar. Sin mencionar que al momento de subirme al carro policial mis dos credenciales de periodista —la de la agencia y la que otorga el Gobierno de Chile a los corresponsales— me fueron retenidas por el cabo Segundo Rafael Carrasco, quien las mantuvo en su poder durante todo el tiempo que estuve detenida”.
