En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas de informes sin fundamento que afirmaban que la República Islámica de Irán había condenado a muerte a 15.000 manifestantes tras las protestas callejeras y los violentos disturbios provocados por la muerte de Mahsa Amini. Estas afirmaciones engañosas se derivan en gran medida de un informe del 6 de noviembre del medio de noticias Iran International, con sede en el Reino Unido y financiado por Arabia Saudí, que comentaba una carta firmada por la mayoría de los legisladores iraníes.
En la carta, 227 de 290 legisladores instaron al Poder Judicial a considerar penas severas para los involucrados en los disturbios. “Nosotros, los representantes de esta nación, hacemos un llamamiento a todos los funcionarios estatales, incluido el Poder Judicial, para que traten a quienes libraron la guerra (contra la República Islámica) y atacaron la vida y la propiedad de las personas (como los terroristas de Daesh) de una manera que sirva como una buena lección en el menor tiempo posible”, dijeron.
En cuestión de días, los medios occidentales como Newsweek optaron por tergiversar esta historia, convirtiéndola directamente en una noticia falsa al afirmar que el Parlamento de Irán “votó abrumadoramente a favor de la pena de muerte para los manifestantes”.
Muchas figuras occidentales, incluidas celebridades como Peter Frampton, Sophie Turner, Viola Davis y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, han echado leña al fuego al difundir descaradamente esta noticia falsa contra Irán, que posteriormente Trudeau tuvo que borrar de su página de Twitter, aunque no pidió disculpas ni reconoció el “error”.
En realidad, tal votación no tuvo lugar en Teherán, porque la firma de una carta no constituye la adopción de una ley. Además, el Parlamento iraní no dicta sentencias, ya que el Poder Judicial se define como una rama separada del Ejecutivo en la Constitución iraní.
El capítulo 11 de la Constitución define además el papel del Poder Judicial como un poder independiente. Por otro lado, la cifra de 15.000 manifestantes detenidos por las autoridades iraníes proviene de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).
Con sede en EEUU, HRANA es el brazo mediático de Human Rights Activists in Iran (HRAI), un grupo que recibe fondos de National Endowment for Democracy (NED), un frente de poder blando de la CIA que ha estado financiando durante décadas los esfuerzos de cambio de régimen por todo el mundo.
Oficialmente, hasta ahora Irán ha condenado a muerte a un alborotador acusado de “perturbar la paz y el orden público, reunión y conspiración para cometer un delito contra la seguridad nacional”, informó la agencia nacional de noticias IRNA el 14 de noviembre.
Se dice que esta persona prendió fuego a un centro de gobierno en la provincia de Teherán. Otras cinco personas fueron condenadas a entre cinco y diez años de prisión por “reunión y colusión para delinquir contra la seguridad nacional y alteración del orden público y la paz”.
A finales del mes pasado, el Poder Judicial de Irán anunció que 1.000 personas se enfrentarían a un juicio público en Teherán por su participación en los disturbios.