UyL: Presupuestos generales del Estado …

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F.J.Ferrer.— Pero… ¿de qué Estado se trata? Con el cinismo y la hipocresía que le es habitual, el gobierno socialdemócrata, ha logrado que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para este próximo año de 2023, con el apoyo de las burguesías periféricas, presentándolos como unos presupuestos enfocados eminentemente en lo “social” dado el caos económico en el que se haya inmerso el conjunto del estado y cuyas consecuencias más negativas y perjudiciales recaen en los de siempre, en la clase obrera y sectores populares.

 

Contestando a la pregunta que se plantea al inicio de este artículo, de qué Estado se trata, traemos la definición dada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, donde sitúa que “El Poder en el Estado moderno, es tan sólo un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa”. Puesto así, se puede comprender con relativa facilidad que, como objetivo primordial, estos presupuestos están enfocados en gestionar los intereses de la burguesía, en todos los ámbitos donde esta clase parasitaria ejerce su dominación.

En la actual situación de aguda crisis del sistema capitalista, con la burguesía española -y las periféricas, también- embarcada en la aventura belicista del imperialismo liderado por los EEUU, ésta necesita gestionar unos presupuestos que, por una parte, cumplan con las exigencias impuestas por la OTAN y Bruselas, y por otra, traten de mitigar con migajas la enorme fractura social que tal crisis provoca, con depauperación a marchas forzadas de la clase obrera y demás sectores populares. De este modo, estos presupuestos contienen medidas pretendidamente sociales, como una subida de las pensiones del 8,5 %, una subida del salario de los empleados públicos del 2,5 %, la extensión a 2023 de la gratuidad del servicio de Cercanías, la prórroga del bono de alquiler joven y poco más.

Pero la realidad, siempre tozuda, nos muestra que la cesta básica, concretamente de alimentos, es un 15,3 % más cara que hace un año (datos de OCU), el alquiler de viviendas ha subido una media del 11,5 % en los últimos seis meses, la luz y gas, a pesar de todas las “autolimitaciones”, en máximos históricos, y así, un largo etc.

Frente a esto, nos encontramos que las pensiones medias de jubilación son de 1.248,60 € mensuales, estando las pensiones mínimas en 834,90 € si se tiene cónyuge a cargo o 675,20 €, si se está solo/a, las de viudedad en 780,20 € y las pensiones no contributivas en 457,22 €/mes. A todo esto, el “progresista” gobierno socialdemócrata ha subido un mísero 8,5 %, que a todas luces es insuficiente ante la bestial subida de precios en los bienes básicos de consumo, pero que es presentado como un “no va más” en políticas sociales, en lugar de establecer un Plan de Emergencia Social, de subir las pensiones mínimas hasta los 1.200 €, reducir la edad de jubilación a los 60, 55 o 50 años, según circunstancias, que sí redundaría en beneficio de quienes todo lo producen, las obreras y los obreros y la clase trabajadora en general.

Pero lo que no dice es que se han endurecido las condiciones de acceso a la jubilación, que los empresarios se niegan en redondo a subir los salarios hasta igualar, por lo menos, la subida de precios que hemos dicho antes y que, el alza de precios ha llegado para quedarse, pues éstos puede ser que moderen su progresivo aumento, pero no van a bajar al nivel de pasados años, pues ahí están los pingües beneficios que los empresarios están obteniendo y a los que no van a renunciar voluntariamente.

Bien, hasta aquí, en breves trazos, la parte “social” de estos presupuestos generales. Pero estos presupuestos son presupuestos de guerra. Y son presupuestos de guerra porque en ellos prima el desquiciado aumento del gasto militar, desatendiendo las apremiantes necesidades sociales consecuencia de una crisis estructural que aumenta por momentos. De este modo, el presupuesto del Ministerio de Defensa, que en realidad debe de denominarse de la Guerra, ha aumentado casi un 26 % respecto al de 2021, pero a esta cifra hay que añadirle los gastos militares escondidos en otras partidas, como lo son los programas especiales de modernización de armamento, los de I+D, las cuotas de los organismos multilaterales, organismos autónomos de Defensa, el coste de las misiones militares en el exterior, el presupuesto de la Guardia Civil, que no olvidemos que es un instituto militar o las pensiones de los militares retirados. Todo este conjunto de gastos asciende a más de 27.000 millones €, lo que supone, de hecho, un 2,13 % del PIB, más del 2 % exigido por la OTAN que habría alcanzarse en el 2030.

A todo esto, habría que sumarle los gastos destinados a mantener a la parasitaria Casa Real, pues aunque su asignación oficial ronda los 8,4 millones €, Ministerios como Presidencia, en el que se incluye Patrimonio Nacional, Defensa o Interior corren con buena parte de los coste de personal, cuyo monto supera los 14 millones €, o los 54 millones € que Patrimonio Nacional invierte en el mantenimiento de la multitud de inmuebles, propiedad del Estado, que están puesto a disposición exclusiva de la realeza.

De este modo, frente a unas migajas destinadas a frenar en lo posible, junto a una batería de nuevas reformas penales, la creciente posibilidad de un estallido social, debido a las miserables condiciones de vida a las que se ve enfrentada la clase obrera y sectores populares, que ven como día a día su situación empeora sin que se pueda prever una futura mejoría, nos podemos encontrar que la burguesía ha confeccionado unos presupuestos acorde a sus necesidades, que no son otros que frenar la tendencia decreciente de su tasa de ganancia y garantizar sus beneficios, destinando cantidades ingentes a una guerra impuesta por la oligarquía imperialista encabezada por los EEUU, a planes de reparto de fondos públicos entre dicha oligarquía y al mantenimiento de las estructuras de su propio Estado.

Como se puede ver, ya no se trata de que el Estado mejore su gestión y la haga más “social”, como continuamente lo reclaman aquellos que han abandonado la lucha de clases y la han sustituido por el infamante “pacto social”, pues desde el Estado, siendo éste un instrumento de dominación en manos de la clase burguesa, ninguna mejora, ningún avance, puede esperar la clase obrera, solo más opresión, explotación y sometimiento a sus criminales designios.

Al Estado burgués, hay que oponerle el Estado proletario con la clase obrera en el poder, quién tiene la enorme responsabilidad histórica de destruir al sistema capitalista, y con él todas sus miserias, mediante un proceso revolucionario que culmine con la victoria de los oprimidos y explotados instaurando la República Socialista de carácter Confederal. No nos queda otra.

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