“Ha habido la intención de hacerlo [disparar a matar], por las zonas donde cayeron los disparos y el tipo de munición que utilizaron”, aseguró la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, citada por el diario La República.
Cano, reconocida por llevar cientos de casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno en Perú (1980-2000), descartó la posibilidad de que los militares enviados a reprimir las protestas antigubernamentales en Ayacucho abrieran fuego sin la intención de comprometer áreas vitales.
El medio también citó a la experta Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), quien analizó las necropsias y detectó que seis de las 10 víctimas analizadas tenían disparos en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza.
Entre los fallecidos al menos dos no eran participantes activos de las manifestaciones, si no vecinos del lugar que salieron de sus casas para auxiliar a los heridos.
Cardoza destacó que las armas de fuego son “armas de voluntad”, o sea, “se les usa apuntando a un blanco; por lo tanto, las lesiones encontradas son el resultado esperado de quien opera el arma”.
Desde el 10 de diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos, que exigen la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
Hasta el pasado fin de semana, la Defensoría del Pueblo de Perú reportó la muerte de 48 civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, accidentes de tránsito y bloqueos vinculados a las movilizaciones, y un policía que habría muerto por la violencia de manifestantes.
