La oenegé ha demandado este viernes al Gobierno español suspender “con carácter inmediato” la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú.
AI ha alertado a la Moncloa que existe un riesgo considerable de que las fuerzas y los policías peruanos usen estos pertrechos [armas ligeras, munición, material antidisturbios, entre otros] para reprimir de manera violenta a los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y una Asamblea Constituyente.
Incluso baraja “graves violaciones de los derechos humanos”, de cursar o continuar estos envíos, para lo que ha invocado el tratado internacional sobre Comercio de Armas, tomando como punto de partida la situación actual en Perú.
Amnistía Internacional, asimismo, ha instado a la secretaria de Estado de Comercio en España, Xiana Margarida Méndez, también responsable del ente que regula venta de armas, que cese las autorizaciones para el cumplimiento de contratos de armas previos y próximos hasta que “los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material, según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.
España, principal proveedor de armas a Perú
Amnistía exige el fin de toda autorización o envío de material bélico a Perú, ya que dentro de la Unión Europea, España es la que más ha suministrado armamento al país suramericano en los úlltimos años.
La oenegé cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que cerca de 40 millones eran de material antidisturbios.
Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones de euros en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.
En octubre pasado, la Defensa española puso en evidencia su gran preocupación por la seguridad de Perú, cuando vendió a la Marina de Guerra de Perú seis helicópteros por 600 euros, es decir 100 euros la unidad, un precio “simbólico”. Entre las razones de este gesto figuraban la obsolescencia del material, alto coste de reparación, limitadas oportunidades de venderlos y su reducido valor de mercado.
La crisis en Perú estalló el pasado 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo, hoy detenido, intentó disolver el Congreso, la institución más desprestigiada de Perú. Boluarte respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, se han producido enfrentamientos y, en acciones represivas.
El golpe de estado a mano del corrupto congreso peruano contra el presidente legítimo del Perú, por ser cholo y no afín a los intereses de EEUU y occidente, está asesinando al pueblo a balazos. Ha desencadenado una orgía de sangre lanzando al ejército contra trabajadores, indígenas en su mayoría, pacíficos y desarmados, que legítimamente protesta contra la usurpadora y la camarilla de congresistas, que no tienen apoyo entre la población, pobre en su mayoría, que desde siempre es considerada por la elite blanca de Lima, como bestias sin derechos ni entidad humana. El estado español calla y otorga por estar entre los que tienen intereses en las riquezas del Perú. A.I. no ha tenido más remedio que protestar, cuando se cuentan ya más de 65 muertos y la represión, los secuestros a mano de uniformados, la persecución de los líderes populares.. ya es tan salvaje que no se puede esconder. Hay millones en las calles de todo el país desde el mismo día del arresto ilegal del presidente Castillo, y no van a cesar en sus justas reivindicaciones: dimisión de Boluarte, creación de una constituyente que remueva la de Fujimori, restitución del presidente secuestrado y nuevas elecciones (pero ya, antes de que se renueven los contractos de la minería a las empresas extranjeras que desposeen al pueblo). Esta es la dura realidad.