El análisis del Departamento de Justicia (DOJ) determinó que tanto la institución policial como el Gobierno Metropolitano del condado de Louisville/Jefferson usan fuerza excesiva con regularidad, realizan registros sin órdenes judiciales válidas y aplican otras medidas que violan la Constitución y las leyes federales.
Tras los hallazgos, el fiscal general Merrick Garland expresó en una conferencia de prensa que la conducta de la policía era inaceptable y desgarradora, mientras destruye la confianza que un departamento de policía debe tener en su comunidad.
Según el dictamen, estas instituciones existen para servir a los ciudadanos y mantenerlos seguros, sin embargo, no son capaces de velar porque todos los empleados respeten los derechos constitucionales y estatutarios federales de las personas en Louisville.
El DOJ inició la investigación en abril de 2021, luego de la muerte de Breonna Taylor, una mujer afroamericana que fue asesinada en 2020 por agentes mientras ejecutaba una orden de arresto en su apartamento.
Concluyó entonces la investigación que el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) suele emplear selectivamente un “estilo agresivo de vigilancia” contra individuos “vulnerables” en toda la ciudad, específicamente contra personas negras.
El informe establece que algunos oficiales incurrieron en prácticas deleznables como arrojar bebidas a los peatones desde sus automóviles, insultar a los discapacitados, y llamar monos y animales a los afroestadounidenses.
También se descubrió que determinados agentes del orden emitieron citaciones a personas por delitos menores, como tener una luz trasera rota en el vehículo, mientras permitía que las investigaciones de crímenes graves como homicidio y agresión sexual permanecían sin resolver.
El informe recomendó tres docenas de medidas para que la policía y el gobierno local tomen medidas para revertir los problemas, incluida una mejor aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas relacionados con la fuerza del orden.
