Javier Martorell (Unidad y Lucha).— La crisis de la vivienda que golpea a la clase trabajadora no es algo casual. Es una expresión directa de la violencia de clase inherente al capitalismo, una estrategia perfectamente calculada. A través del encarecimiento de los alquileres y de la especulación inmobiliaria, el capital obtiene múltiples beneficios: por un lado, recupera una parte creciente del ya insuficiente salario que paga por nuestra fuerza de trabajo; por otro, asfixia económicamente al pueblo trabajador, limitando su tiempo, sus energías y su capacidad de organización y de lucha; y, finalmente, reorganiza los barrios en función de los intereses del capital mediante la gentrificación, el desahucio de las familias trabajadoras y la desaparición del pequeño comercio, abriendo nuevos y lucrativos nichos de negocio
La vivienda ha dejado de ser tratada como un derecho fundamental para convertirse en un instrumento de sometimiento y en una fuente de extraordinarios beneficios para la banca, los fondos de inversión y el capital inmobiliario. En esta ofensiva, la Unión Europea no desempeña un papel neutral. Sus políticas de liberalización, las imposiciones de austeridad y la defensa del libre mercado han allanado el camino para que el gran capital haga negocio con nuestros barrios y nuestras vidas. El sur de Europa constituye hoy el ejemplo más evidente de esta realidad y, mientras la UE protege los intereses de los fondos buitre, de los bancos y de los grandes propietarios, los Estados miembros, amparados por ese marco político y económico, reprimen con dureza la respuesta popular de quienes luchan por un techo digno.
En este contexto, España y Portugal comparten una realidad marcada por las mismas políticas y los mismos intereses de clase. El caso portugués muestra con especial claridad la agresividad de este modelo. Tras las imposiciones de la Troika, se impulsaron medidas concebidas para favorecer a los grandes intereses especulativos: la proliferación de las «visas de oro», los privilegios fiscales para residentes no habituales, la turistificación descontrolada de los centros históricos y la Ley Cristas, que facilitó los desahucios y disparó los alquileres en Lisboa, Oporto y otras ciudades. La experiencia portuguesa demuestra que el problema no es la escasez natural de vivienda, sino su acaparamiento por quienes la utilizan como mercancía para inflar los precios y someter al pueblo trabajador.
Frente a esta ofensiva del capital y los dictados de Bruselas, la experiencia demuestra que las soluciones reformistas no son válidas. Las subvenciones, los incentivos fiscales o las regulaciones parciales no frenan la voracidad especulativa. No habrá una solución real mientras la vivienda continúe sometida a la lógica del beneficio privado y no se confronte directamente a quienes convierten una necesidad básica en un instrumento de explotación y dominación.
Garantizar el derecho a una vivienda digna exige medidas contundentes contra los intereses del capital: expropiar las viviendas vacías en manos de la banca y de los fondos buitre; regular de manera efectiva los alquileres; poner fin a la especulación inmobiliaria; combatir de raíz la turistificación de nuestros pueblos y barrios; y desarrollar un auténtico parque público de vivienda en alquiler social. Estas medidas constituyen apenas el punto de partida para revertir una crisis que al capitalismo no puede ni le interesa resolver.
En el Estado español, en Portugal y en toda Europa, la lucha por la vivienda constituye hoy una trinchera decisiva de la lucha de clases. Frente al capital que actúa de manera coordinada a escala internacional y que cuenta con el amparo de la Unión Europea, la respuesta solo puede ser la unidad, la organización y la solidaridad internacionalista de la clase trabajadora. Solo la movilización popular y la lucha colectiva podrán conquistar el derecho a un techo digno y arrancar la vivienda de las garras del capital.
