Exigen libertad para defensores del agua en El Salvador

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En Centroamérica, El Salvador es el país con el mayor deterioro de los bienes hídricos: posee la menor reserva de agua dulce y el 90 % de sus ríos están contaminados

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Las organizaciones salvadoreñas sostienen que “Santa Marta y ADES jugaron un rol importante en la lucha ambiental que logró la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017. | Foto: ADES Santa Marta

En el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones salvadoreñas exigieron esta semana la libertad de los líderes de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación ADES, a quienes consideran “defensores del agua” porque se oponen a la minería metálica, que es una de las más graves amenazas para los bienes hídricos en el país centroamericano.

Los luchadores ambientales anti mineros fueron detenidos el pasado 11 de enero acusados del cometimiento de un supuesto asesinato en 1989, durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, las señales de una eventual reactivación de proyectos mineros por el gobierno de Nayib Bukele hace pensar a las organizaciones que las capturas y el proceso judicial en su contra buscan debilitar la resistencia comunitaria en el Departamento de Cabañas, el epicentro de la franja minera que atraviesa la zona norte del pequeño país.

Las organizaciones salvadoreñas sostienen que “Santa Marta y ADES jugaron un rol importante en la lucha ambiental que logró la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017, y actualmente representan un obstáculo para la pretensión gubernamental de retomar los proyectos extractivos”. Argumentan que a eso se debe su criminalización y enjuiciamiento.

Entre los detenidos está Antonio Pacheco, uno de los luchadores sociales salvadoreños más reconocidos nacional e internacionalmente.

Durante su gestión como director ejecutivo de ADES se han realizado cientos de proyectos de educación, salud, agua potable, agricultura sostenible, infraestructura básica, microcréditos, talleres vocacionales y saneamiento ambiental en Santa Marta y en otras comunidades rurales de El Salvador.

Los familiares de los líderes comunitarios también denunciaron esta semana ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) las inhumanas condiciones de su encarcelamiento: están aislados, sin poder ver a sus abogados y dos de ellos tuvieron que ser traslados a un centro de salud penitenciario debido a la complicación de las enfermedades crónicas que padecen. Por tanto, insisten en la petición de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional.

Crisis del agua

En Centroamérica, El Salvador es el país con el mayor deterioro de los bienes hídricos: posee la menor reserva de agua dulce y -según datos del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN)- el 90% de sus ríos están contaminados, entre éstos el Río Lempa, el principal afluente nacional.

El Río Lempa provee la mitad del agua potable al Área Metropolitana de San Salvador, el mayor centro poblacional del país; sus centrales hidroeléctricas cubren el 33% de la demanda energética nacional y su caudal es de vital importancia para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas en 162 municipios.

Y esta situación podría ser peor si se realizaran proyecto mineros en sus cuencas, advierten las organizaciones ambientalistas.

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