En el documento final de Bakú, a propósito de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Mnoal, que sesionó en esta capital por dos días, los cancilleres reiteraron la condena y repudio al intento de magnicidio en grado de frustración contra el mandatario venezolano, ocurrido el 4 de agosto de 2018, en Caracas.
Instaron en ese sentido a que los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de este acto criminal sean llevados ante la justicia.
Los altos representantes diplomáticos recordaron los hechos de violencia política ocurridos en Venezuela en 2014 y 2017, dirigidos a desestabilizar el gobierno democráticamente electo, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.
Significaron que la paz social fue recuperada tras la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, electa el 30 de julio de 2017 mediante voto universal directo y secreto.
El texto, que será refrendado por los Jefes de Estado y de Gobierno en Kampala, Uganda en 2024, reconoció que, si bien persisten desafíos, incluso como resultado de factores externos, la situación social y política mejoró y estabilizó, tras un proceso “continuo de diálogo y compromiso” entre todos los sectores vivos de la sociedad.
Subrayó que la situación actual en la República Bolivariana debe ser resuelta entre los venezolanos, a través de medios pacíficos y políticos y, en este sentido, rechazaron cualquier intento de solución militar, incluyendo el uso o la amenaza de la fuerza.
Los cancilleres del Mnoal manifestaron su preocupación por el incremento de las acciones del Gobierno de Estados Unidos, dirigidas a afectar la estabilidad de Venezuela, tal como lo indica su más reciente Estrategia de Seguridad Nacional, en la que reafirma que “continuará trabajando para aislar al gobierno venezolano”.
Rechazaron de manera categórica en tal sentido, las decisiones de Washington de ratificar en forma reiterada las medidas coercitivas unilaterales contra la nación sudamericana, derivadas de la Orden Ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), que declara a Caracas una amenaza inusual y extraordinaria.
Denunciaron que esta disposición sirvió de base para promulgar e implementar de manera ilegal más de 900 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, lo cual representa hasta la fecha “el mayor obstáculo para los planes de desarrollo de la nación”.
En ese sentido, instaron al Gobierno de Estados Unidos a derogar de forma completa, inmediata e incondicional esas medidas coercitivas unilaterales e intervencionistas, que afectan al espíritu de diálogo y entendimiento político entre las naciones.
