En la región de Tigray han muerto de hambre más de 1.400 personas desde que se interrumpió hace varios meses la ayuda humanitaria internacional a Etiopía como respuesta a las sospechas de robo de alimentos por parte de los coordinadores de los campamentos de asistencia, informó el comisionado interino del Gobierno de Tigray, Gebrehiwet Gebrezgabher, a la BBC.
De acuerdo con una investigación lanzada por las autoridades del país africano, se estima que la cantidad de alimentos robados era suficiente para alimentar a 130.000 personas durante un mes.
Hasta el momento se está investigando a cerca de 500 individuos, entre los cuales se encuentran funcionarios con altos cargos en organizaciones estatales etíopes, quienes presuntamente no entregaron los alimentos a la población civil, sino que los repartían a militares o los desviaban para su comercialización. Un total de 198 personas ya han sido acusadas.
La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) decidieron detener el suministro de ayuda a la región después de conocer las denuncias. “Simplemente no podemos hacer la vista gorda a la actividad criminal y continuar con la entrega”, declaró un portavoz del PMA.
La suspensión de ayuda humanitaria ha empeorado la situación de hambruna entre los residentes de la región, que aún no se ha recuperado después de que el conflicto armado en Tigray, que inició en 2020 y llegó a su fin apenas a finales del año pasado, afectara a cientos de miles de personas.
