En un acto público con los familiares de las víctimas, un grupo de exintegrantes del Ejército de Colombia reconoció su responsabilidad por el asesinato y desaparición forzada de cientos de víctimas que fueron presentadas como ‘falsos positivos’ en el municipio Yopal (Casanare), entre 2005 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó este lunes una audiencia pública de reconocimiento de 296 víctimas, en la que 24 personas admitieron su relación con estas ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
En ese acto, 21 exmiembros de Ejército, entre los que se encuentra un general retirado, un funcionario del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad como parte del Caso 03 relativo a los ‘falsos positivos’.
#AEstaHora | En Yopal, Casanare, inicia la audiencia pública en la que 24 comparecientes harán su reconocimiento de responsabilidad en 'falsos positivos' cometidos en este departamento entre 2005 y 2008.#FalsosPositivosCasanare
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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2023
En la audiencia participaron 116 víctimas que fueron acreditadas ante la JEP, cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate. Previo a este encuentro se hizo un proceso restaurativo de nueve meses con profesionales de distintas áreas que prepararon a los sobrevivientes para este encuentro.
La sesión, realizada en la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz.
¿Qué ocurrió?
La JEP reveló que en ese departamento de la Orinoquia colombiana actuó una red criminal en el seno de la Brigada XVI, compuesta por unas 367 personas, que se encargaba de planear, ejecutar y encubrir las ejecuciones extrajudiciales. Todos estaban bajo el mando del general retirado Henry William Torres Escalante.
Quienes comparecieron ante la JEP aseveraron que las bajas en combate eran un indicador del “éxito militar” para el que fueron destinados “recursos, roles y modos de operación” con el fin de “la consolidación territorial” y de “mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas”. Además del Ejército, el extinto DAS tuvo participación en la producción de información de inteligencia para simular que las actuaciones eran bajo el marco de la legalidad.
“Recordar los crímenes como ocurrieron y nombrar a sus autores como corresponde hace parte de la memoria, de la verdad, de la historia, pero, sobre todo, de la dignificación de quienes fueron ultrajados”, dijo José Hilario López, representante legal de las víctimas.
Según la JEP, los asesinados fueron en su mayoría hombres, de entre 18 y 25 años. Sin embargo, también fueron ultimadas nueve mujeres, una de ellas embarazada, dos trabajadoras sexuales y una persona de la comunidad LGBTI, por lo que ese organismo de justicia transicional imputó por primera vez un crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Asimismo, imputó el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar menores de 18 años que eran usados como reclutadores de algunas de las víctimas.
Estas muertes causaron impacto en las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva de esa comunidad.
