El artículo 702 de la ley FISA (“Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera”) ha sido prorrogado por unos meses. La ley permite a las centrales estadounidenses de espionaje (FBI, CIA, NSA) el acceso masivo a los datos personales de los extranjeros: correos electrónicos, mensajes y llamadas. El Congreso ha pospuesto la reforma de la ley durante cuatro meses más.
La ley expiraba el 31 de diciembre y ahora será aplicable hasta el 19 de abril del año que viene. Permite espiar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense, fuera de las fronteras estadounidenses y sin la supervisión de un juez, lo que va en contra de las normas europeas.
Originalmente la sección 702 de la ley fue aprobada en 2008 por el gobierno de Bush con el pretexto de siempre: la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional…
Como es característico, también aseguraron que no se trata de un acceso masivo e indiscriminado, sino selectivo.
La ley permite a las centrales de inteligencia estadounidenses acceder a los teléfonos, mensajes, correos electrónicos o copias de seguridad en la nube de personas que no son estadounidenses y residen en el extranjero.
Los datos deben ser proporcionados por “proveedores de comunicaciones electrónicas” estadounidenses, a petición de los servicios secretos. En consecuencia, todos los servicios que proporcionan conexión a internet, como cafeterías, espacios de coworking, hoteles, empresas, pero también centros de datos ubicados en el extranjero y en los que una filial sea estadounidense, deben cumplir las órdenes de los servicios de inteligencia.
Varios “asuntillos oscuros” han demostrado que también permite espiar a muchos estadounidenses, que es lo único que importa en Estados Unidos. El espionaje y la vigilancia del mundo son posibles porque las grandes empresas tecnológicas son estadounidenses y el pasado mes de marzo publicaron una carta pidiendo no tener que compartir más “los datos personales de sus usuarios con agencias de inteligencia”.
Apple, Alphabet (Google, YouTube) y Meta (Facebook, Instagram) querían condicionar la entrega de datos a una autorización judicial, lo que significa que podría entablarse un procedimiento legal y, por lo tanto, habría algunas garantías. También pidieron compartir públicamente la frecuencia con la que se les solicita información al amparo de la ley y qué tipo de datos se espera que proporcionen.
Los organismos que defienden el derecho a la intimidad enviaron otro mensaje al Congreso, instando a los diputados a no renovar la ley. Según ellos, el FBI habría accedido, a través de ella, a las comunicaciones “de decenas de miles de militantes, activistas, 19.000 donantes a una campaña del Congreso, periodistas y miembros del Congreso de Estados Unidos”.
En 2020 la ley estuvo en el punto de mira del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anuló el acuerdo transatlántico sobre datos personales entre Europa y Estados Unidos (“Escudo de Intimidad”). Al permitir el acceso masivo e indiscriminado a los datos personales de los europeos, los ciudadanos europeos no se benefician de “garantías suficientes”, explicó el Tribunal Europeo.
El TJUE pidió a los estadounidenses que cambiaran su ley para otorgar más derechos a los europeos, pero cuando se concluyó el “Marco de Confidencialidad de los Datos” (DPF), el nuevo acuerdo transatlántico que debía sustituir al “Escudo de Privacidad”, el debate resurgió pero, finalmente, el DPF acabó siendo aprobado en julio de este año.
Seguramente volverá ser anulado por el mismo TJUE en los próximos años, por las mismas razones… si no hay presiones subterráneas.
