«No vamos a comentar cada declaración que sale de cada Estado miembro, pero lo que está claro es que cada Estado miembro tiene la responsabilidad de respetar las instituciones internacionales», dijo Dujarric el 21 de mayo en rueda de prensa.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el 20 de mayo que presentó solicitudes de órdenes de arresto contra Netanyahu y otros dirigentes del Estado hebreo, así como líderes del grupo islamista Hamás, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde octubre de 2023.
Biden consideró «indignante» la medida, por equiparar al Estado hebreo con Hamás, y negó que Israel estuviera llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino.
El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, adelantó que los legisladores exploran posibles sanciones contra la CPI si procede con órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Ni EEUU ni Israel son parte de la CPI.
El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 asesinados, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.
En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han asesinado hasta el momento más de 35.300 palestinos y herido a más de 79.300.
El 7 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una operación militar en la ciudad de Rafah, donde se encuentran cerca de 1,5 millones de palestinos refugiados que se vieron obligados a abandonar anteriormente las partes norte y central de la Franja de Gaza.
Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
