Ayer se anunció, por parte de algunos vendedores de peines para calvos, que EH Bildu había llegado a un acuerdo con el gobierno español para derogar la ley Mordaza. A este respecto, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, expresó: «Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley Mordaza, vaya a hacerse realidad». Nada más incierto, sin embargo.
Al igual que con la ley de Vivienda, la coalición coordinada por Arnaldo Otegi, con este acuerdo se ha vuelto a colgar otra medalla en la solapa de un traje manchado de falsedades.
Con la ley de Vivienda dijeron que no subirían los alquileres más del 3%; eso no se ha cumplido. Dijeron, también, que no se desahuciaría a personas vulnerables, y se sigue desahuciando a estas personas provocando, incluso, algunos suicidios.
Ahora insisten en que con el acuerdo se derogará la ley Mordaza, pero eso tampoco es cierto. La maquillan con un maquillaje tan endeble que difícilmente cumplirán con lo que supuestamente se propone.
Algunos ejemplos:
Sobre las «faltas de respeto a la autoridad»:
Dijo Jon Iñarritu (EH Bildu) que pondrá fin a la “discrecionalidad” que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015. Por su parte, Aizpurua expresó: “A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión”. “Deberán ser objetivables y justificadas”, como si las fuerzas de Seguridad del Estado (incluida la Ertzaintza) y la judicatura nunca hubieran justificado lo injustificable con impunidad manifiesta. ¿Quién decide qué es objetivable y justificado?
Nos dicen que, en concreto, no podrán sancionarse los “insultos o injurias” que no sean delito, pero sí “expresiones relevantes”. Y añaden que las sanciones por faltas de respeto (las faltas de respeto de los agentes no cuentan) se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte (humillada y sumisa) y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve.
Éstas últimas sólo serán sancionables cuando haya una “negativa expresa a cumplir una orden legal y ajustada a la legalidad” o exista una “resistencia corporal a un mandato de los agentes” siempre que estén ajustados a la normativa.
¿Acaso agentes policiales nunca han denunciado ser agredidos por manifestantes cuando los agresores han sido ellos?
Pelotas de goma:
“Se termina el uso de las balas de goma, sustituyéndose estas por medios menos lesivos”. Pero no se fija plazo alguno para que este material antidisturbios desaparezca. El texto dice: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros medios menos lesivos”.
“Se sustituirá”, “utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios” “de acuerdo a los estándares internacionales”, como si en todo el mundo no viéramos un día sí y otro también brutales palizas policiales. ¿Acaso los estándares internacionales establecidos por los gobiernos burgueses son aceptables y de fiar?
Devoluciones en caliente:
No se prohíben las devoluciones en caliente, únicamente acuerda que la futura ley de seguridad ciudadana deberá llevar una disposición adicional en la que el Gobierno en el plazo de seis meses se abordará la modificación en la ley de extranjería con el eje central de “reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte”.
Cabe recordar que las devoluciones en calientes ya eran ilegales. Sin embargo, el gobierno español las ha practicado en no pocas ocasiones.
