Antes en conferencia de prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, denunció que la iniciativa que pretenden aprobar los 71 diputados no contempla las propuestas hecha por el movimiento popular y sus organizaciones.
Andrade explicó que ante la comisión de Salud y Trabajo, en las consultas ciudadanas y luego en el pleno legislativo, fueron expuestas las sugerencias de modificaciones de los colectivos a esa norma, en particular rescatar el sistema solidario en el pago de pensiones y el rechazo al aumento de la edad de jubilación.
La pretensión del Gobierno, dijo, es resolver una crisis financiera con el dinero de los asegurados y entregar esos recursos a los bancos y las empresas privadas administradoras de fondos de pensiones, lo que no se permitirá.
La nueva ley, dijo, apunta a pensiones miserables y de hambre frente a una canasta básica familiar que cada vez es más costosa, por eso es el llamado a la unidad del movimiento sindical y el pueblo.
Entre varias acciones, Andrade mencionó permanentes manifestaciones en las calles, y también huelgas de 24 horas de advertencia y hasta paros indefinidos en caso de que se avale la Ley 163.
De otra parte afirmó que entregarán a la Asamblea Nacional nuevamente su proyecto sobre la CSS con el llamado a que se convoque a un referendo nacional, y que sea el soberano quien decida cuál es más favorable a los trabajadores y sus familias, el que presentan los colectivos o el que defiende el Ejecutivo que impulsa con presiones de todo tipo desde el pasado 6 de noviembre.
El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida denunció medidas del Ejecutivo para amedrentar la Conusi y otros sindicatos como el de los obreros de la industria de la construcción, a los que le cerraron sus cuentas bancarias, bajo una supuesta investigación.
En lo que llamó una ofensiva antisindical, Andrade también repudió la posición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que está negando los permisos sindicales para la capacitación de los trabajadores lo que viola el artículo 160 de la Constitución de la República.
Los diputados comenzaron esta jornada con el análisis de más de 300 modificaciones a la iniciativa de 210 capítulos antes de iniciar la votación de cada uno de ellos en el segundo debate.
Uno de los artículos que recibió más modificaciones fue el referido al fondo de reserva de inversiones de la CSS y su administración, así como las respectivas prohibiciones para evitar conflictos de intereses.
Otro de los temas controversiales dentro del debate legislativo es el de la edad de jubilación . Hasta el momento, la única propuesta nueva plantea que la discusión sobre este tema se realice en seis años, es decir, en 2031, a lo que se oponen rotundamente el movimiento popular y los sindicatos.
Según la propuesta, una mesa tripartita realizará un estudio actuarial que determinará si es necesario aumentar la edad de jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si el análisis concluye que es necesario aumentar la edad de jubilación, este ajuste no será mayor a tres años.
Si el estudio indica que el Estado debe hacer aportes adicionales, el gobierno deberá hacer el diseño, pero sin afectar los derechos adquiridos de los afiliados, precisaron.
El documento que presentó el gobierno del presidente José Raúl Mulino a la AN planteaba elevar la edad de retiro de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, una medida que generó un intenso debate en diversos sectores.
